¿Doble insularidad o doble insolidaridad?

Martes, 22 de Abril de 2008
Pedro Rodríguez Castaños
Publicado en el número 206

Las Islas Canarias, junto con los Departamentos Franceses de Ultramar, Azores y Madeira, forman parte de un mismo y especial grupo dentro de la Unión Europea denominado Regiones Ultraperiféricas (RUP). Dotadas de un régimen singular y específico reconocido en Maastricht e incorporado al Tratado de Ámsterdam de 1997 y consolidado en Lisboa el pasado mes de diciembre, las RUP disfrutan de un estatus especial debido a su lejanía, insularidad, escaso territorio, fuerte dependencia económica exterior y otras desventajas notables que las diferencian de las demás regiones europeas. Para reducir estos efectos negativos...

Para reducir estos efectos negativos e impulsar su aproximación económica y social a niveles comunitarios, la UE, con la participación tanto de las Administraciones Regionales como de las Estatales, ha venido aplicando políticas especiales como los POSEI y REGIS; destinando recursos financieros canalizados a través de los Fondos Estructurales (FEDER, FSE, FEOGA-ORIENTACIÓN, IFOP, FC); empleando programas como ESPRIT, para tecnologías de la información, ALTANER, para energías alternativas, REGIS, LEADER, para el desarrollo rural, STRIDE, PRISMA, STAR, VALOREM, COMETT, URBAN (dedicado a la rehabilitación de las áreas urbanas y al que solo han accedido en Canarias los Ayuntamientos de S/C de Tenerife y La Laguna) además de ERASMUS, LINGUA o PETRA para el intercambio de estudiantes, etc. Estas ayudas han sido, y continúan siendo, altamente positivas para el desarrollo económico y social de las RUP pues todas ellas se han visto favorecidas en mayor o menor grado.

Las siete islas del Archipiélago Canario no han sido una excepción pero, lamentablemente, ni todas han progresado de igual manera ni han avanzado al mismo ritmo. Por unas u otras circunstancias La Palma, a la que tomaré como ejemplo por ser en la que resido y, por tanto, mejor conozco, está aún muy lejos de los objetivos deseados, pues no ha logrado reducir su alto desempleo, ni su acentuada emigración juvenil, ni su grave índice de pobreza, ni el problema de la carestía de los transportes. En cambio, en infraestructuras y en la protección de sus recursos naturales, se han logrado avances muy significativos digan lo que digan algunos detractores.

Los informes del Comité Económico y Social de la UE, del Comité de las Regiones y del Parlamento Europeo coinciden en que todas las regiones insulares sufren desventajas permanentes causadas por su aislamiento y lejanía y en que estos inconvenientes se multiplican en los casos de doble insularidad.

Sólo los que vivimos en islas no capitalinas conocemos y sufrimos el verdadero significado de la doble insularidad. La definen como el sobreprecio de los transportes, los costes adicionales que debemos soportar por un gran porcentaje de productos, especialmente de primera necesidad, por el simple hecho de residir en una isla periférica. Pero la doble insularidad no solo se debe limitar al transporte y, como consecuencia, a nuestra despensa. Existen otras muchas limitaciones de tipo social que pasan casi desapercibidas en las islas capitalinas pero tienen un precio alto en las periféricas: traslados frecuentes por problemas sanitarios; estudios universitarios más costosos; desplazamientos para resolver asuntos comerciales, etc. son, entre otras, diferencias que deberían incluirse y tratarse como perjuicios sociales motivados por la doble insularidad.

Hace años que el Gobierno Regional intenta igualar a todos los canarios con políticas dirigidas a reducir estas diferencias. De momento sólo ha avanzado en la movilidad interinsular de las personas intensificando las subvenciones al transporte y fijando como meta el billete único (igual precio sea cual sea el trayecto) pero está aún lejos de conseguir soluciones para sanidad, transportes de mercancías, educación, formación y empleo y en las transferencias de competencias administrativas, centralizadas todavía en las capitales provinciales, que están paralizando proyectos de inversión, tanto públicos como privados, causando gastos y excesivas molestias a los contribuyentes. Mientras no se corrijan estos inconvenientes, mientras los conejeros, majoreros, herreños, gomeros y palmeros no podamos resolver nuestros asuntos, de cualquier índole, en nuestras respectivas islas sin depender ni desplazarnos a Gran Canaria o Tenerife, seguiremos siendo ultraperiféricos, peor aún, superultraperiféricos.

Para lograr ese equilibrio, es necesario que el Gobierno Autónomo, conjuntamente con el Estado, utilizando los recursos europeos, que dentro de las medidas financieras que El FEDER tiene previstas para el periodo 2007-2013, promueva e impulse planes especiales dirigidos a las auténticas carencias de las islas menores que favorezcan su desarrollo social y económico y eviten las actuales y graves situaciones de emigración, paro y pobreza. Como también sería conveniente un reparto mucho más solidario en la financiación de las haciendas locales que podrían proponer al Gobierno tanto los Cabildos Insulares -previo, amplio y serio análisis de las diferentes circunstancias en las que se encuentran cada isla con el apoyo de las organizaciones agrarias, sindicales y empresariales que prácticamente sólo son consultadas en épocas electorales-, como la Federación Canaria de Municipios (FECAM), que también debería consensuar una distribución más equitativa de los fondos destinados a los ayuntamientos pues, si bien es cierto que los grandes núcleos urbanos tienen más habitantes y por tanto más necesidades, los pequeños no pueden quedar desamparados por el mero hecho de contar con menos población de derecho o escasas plazas hoteleras; reducidos kilómetros cuadrados de superficie o pocos centros escolares, con penalizaciones, tacañerías y egoísmos de esta naturaleza; con localismos, rivalidades, pleitos insulares e interinsulares ridículos generados más por presuntas pérdidas o ganancias de rentas políticas que para solucionar las necesidades reales de una región ya de por sí fragmentada, dejarán progresivamente de prestar los servicios más elementales que los ciudadanos demandamos cuando lo que les hace falta son más competencias y presupuestos para equipararse al máximo con los municipios más desarrollados y no quedarse empobrecidos, despoblados y abandonados. Es indispensable zanjar algunos viejos y tradicionales individualismos estimulando e impulsando la solidaridad si se quiere que Canarias sólo sea una y no dos. Si el Gobierno Canario aplicara proporcional y adecuadamente en los pueblos y ciudades de las islas periféricas con graves carencias sociales y económicas, algunas de las políticas que la UE ha empleado y sigue empleando con las RUP, sin tener nunca en cuenta el signo ideológico gobernante, el equilibrio interinsular mejoraría considerablemente. La estrategia es sencilla: más inversiones en lograr el bienestar social de todos los canarios y menos en gratitudes políticas.

En cuanto al transporte de mercancías, uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico de las islas, tanto capitalinas como periféricas (aunque las incidencias negativas son mucho mayores en estas últimas debido a los dobles y a veces triples trayectos y manipulaciones portuarias que soportan para abastecerse), el Ejecutivo Canario ha mostrado sus deseos de mejorarlo puesto que todos los informes y dictámenes de la UE y del CES Canario hacen mención al apoyo que se debe prestar en las RUP a los transportes internos, en el caso de doble insularidad y, a los transportes con el continente, en el caso de lejanía. Parece que el “plan de choque” recientemente aprobado, además de bonificar el gasóleo a los transportistas, conceder rebajas fiscales y modificar el AIEM, pretende también favorecer la implantación de más operadores marítimos y aéreos e incrementar las actuales subvenciones al transporte interinsular de mercancías que sin duda necesitan ser corregidas puesto que, además de ser insuficientes, se reciben muy tarde, son complicadas de tramitar y el algunos y limitados casos, son ambiguas.

Basta leer el Boletín Oficial de Canarias 2008/028 del pasado día 7 de febrero (ver aquí) en el que hacen públicas las subvenciones concedidas, cuáles son las empresas beneficiadas y los importes de las ayudas así como las denegadas por una u otra causa, para darse cuenta de su poca cuantía y escasa eficacia. Del millón y medio de euros de que consta la dotación presupuestaria para el primer semestre del pasado año 2007, sólo un 8,2% corresponde a empresas palmeras cuando las estadísticas portuarias reflejan que casi un 60% del tráfico marítimo de entrada procede de los puertos canarios. A esta mezquindad se suma el considerable retraso de hasta un año en conceder las ayudas con el agravante de que su importe es desconocido, lo que impide a los comerciantes aplicar las rebajas correspondientes repercutiendo de forma negativa en el consumidor final. Otro de sus inconvenientes es la enorme cantidad de papeleo que exige la Dirección General de Transportes a los pequeños empresarios que les supone invertir tiempo y generar ciertos gastos que no ven compensados con la subvención que, supuestamente, van a recibir, por lo que rehúsan solicitarla. Curiosamente entre los productos legalmente subvencionados, se encuentran las diferentes bebidas alcohólicas elaboradas en las islas mientras que la ropa, el calzado y algunos alimentos básicos de uso común y frecuente, no pueden optar a la ayuda por no ser fabricados, ni producidos, ni cosechados en el Archipiélago Canario.

Las subvenciones al transporte interinsular de mercancías deberían ser radicalmente modificadas por el Gobierno de Canarias destinándolas íntegramente a las navieras y aumentando su porcentaje al 100% del coste del transporte marítimo para los productos originarios, para los alimentos de primera necesidad y, sea cual sea su origen o procedencia, para los trasbordos cuyo destino final sea una isla menor. Es el único sistema para que las ayudas concedidas repercutan en los precios y todos salgamos beneficiados ya que, al conocerse su importe al instante, se pueden aplicar inmediatamente. No es nada complicado si se crea un registro especial de operadores y se aplican convenientemente los programas informáticos utilizados diariamente en todos los puertos y aeropuertos (Declaraciones Sumarias y Manifiestos de Exportación). La Administración Pública Canaria debe exigir además que los fletes entre la Península y Canarias sean iguales para todas las islas como también tiene que reclamar ayudas del Estado que rebajen los precios de los transportes para los envíos de productos agrícolas, ganaderos, pesqueros y de transformación hacia el continente, desde cualquier isla, para que los agricultores, ganaderos, pescadores y empresarios canarios pueden competir con sus homólogos europeos o de otros países (caso del plátano). Pero si de verdad existe voluntad política para eliminar la doble insularidad, no solo deben aumentar y transferir estas subvenciones a las navieras e igualar los precios Península-Canarias, también tienen que suprimir las tasas portuarias que gravan los tráficos entre las islas no capitalinas y entre éstas y las capitalinas y reducir al mínimo los impuestos sobre los combustibles utilizados por las navieras y líneas aéreas.

Y termino con la frase con la que el actual Presidente de nuestra Comunidad Autónoma, el Sr. Rivero, finalizaba también su intervención ante la Comisión de Infraestructuras del Congreso de Los Diputados el 28 de Noviembre de 2000: "… esto es lo único que queremos los canarios: queremos solidaridad, no queremos generosidad". Y canarios somos todos los que vivimos en estas islas bañadas por el mismo mar que debe servirnos de unión, nunca de separación, por muy alejado que esté nuestro pueblo, por muy apartada que se encuentre nuestra ciudad o por muy periférica que sea nuestra isla.

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