Aunque la innovación y el progreso no tienen por qué competir con la tradición, sí es verdad que estos factores han producido que muchas de nuestras costumbres se hayan ido perdiendo durante el tiempo. Gran parte de los oficios tradicionales de Canarias han ido desapareciendo por diversas cuestiones que se pueden relacionar con el fallecimiento de las personas que los realizaban, el cambio de oficio, la emigración, la jubilación o la mecanización de las labores que anteriormente se realizaban mediante el trabajo humano (Martínez Moure, 2011).
En el caso de las lecheras, la desaparición del oficio se relaciona con la entrada de la progresiva mecanización, tanto de los procesos de producción de las actividades agrícolas, como en el caso del tratamiento de la leche. Poco a poco, fue siendo cada vez menos necesaria la mano humana para la realización de ciertas tareas, cuyos avances tecnológicos permitieron un proceso mucho más rápido y efectivo. Además, la ganadería vacuna destinada a la producción de leche y estiércol se va reduciendo de manera progresiva a partir de las años cincuenta debido a factores como el coste de mantenimiento, la generalización de los abonos químicos y la desaparición de los medianeros y aparceros, sumándole que el consumo de leche en polvo comienza a ser una optativa más barata que la leche fresca. Estos factores finalmente producen que la ganadería bovina disminuyera sus efectivos un 57 % entre 1962 y 1982, a pesar de la creación de una serie de granjas destinadas a la producción de leche.
Generalmente el oficio se deja de realizar en torno a los años 70 del siglo pasado, como consecuencia de la llegada de las industrias de las Centrales Lecheras y con ellas la prohibición de la venta de leche a granel, al tiempo de establecer la pasteurización como método de higienización. Es decir, todo el proceso viene asociado a un progresivo tratamiento de la leche, que fue conformando una prohibición del oficio que se constató, en primer lugar, en Santa Cruz, y años más tarde en otras zonas como La Laguna, produciéndose con ello un trasvase de estas trabajadoras de unos lugares a otros, hasta que finalmente el oficio fue desapareciendo (Berrocal Caparrós, 2008) (Francés León, 2022).
Esta situación de aumento continuo de la mecanización del trabajo hizo que aparecieran una serie de conflictos en diversos sectores laborales, como el propio de las lecheras, relacionados directamente con el desplazamiento de los modos de subsistencia tradicionales, además de en los casos más numerosos estar vinculados con una lucha de una mejor remuneración. Estos problemas supusieron uno de los sucesos más importantes en la historia de los conflictos laborales de Canarias, cuya actividad se vio relacionada con personajes tan relevantes como Antonio León Cubillo Ferreira, mayormente conocido como Antonio Cubillo (López Trujillo, 2022), quien hizo frente a problemas de trabajo en esta actividad, que fue el de mayor envergadura y trascendencia de los desarrollados en Canarias desde 1959 a 1962.
Con la creación el 10 de julio de 1961 de la primera Central Lechera de Tenerife, llamada Industrias Lácteas de Tenerife (ILTESA), por parte de Francisco Oramas Tolosa junto a otros empresarios locales, en la localización denominada como Vuelta de los Pájaros, comenzó una nueva tecnología de pasteurización de leche que continuaría con la creación de la Central Lechera de Ganaderos del País (CELGAN), pasando a ser ambas empresas los principales competidores con respecto a los intermediarios tradicionales de leche. Con respecto a ILTESA, aunque Francisco Oramas fuera el jefe de la explotación, quien aparece en los documentos de origen y fundación de la empresa como presidente de la entidad es Ismael Hernández Hernández.
La venta de leche hasta el momento se realizaba mediante un circuito productivo en el que los ganaderos vendían su producto a los distribuidores, los cuales lo suministraban a los consumidores en las zonas urbanas mediante vías tradicionales. Normalmente las vendedoras eran mujeres, que podían realizar su trabajo gracias a transportes de motor o a pie. Estas condiciones de venta fueron cambiando a partir de la entrada de la década de los 50 del siglo XX, momento en el que la preocupación sobre las condiciones de venta de un producto tan relevante en la alimentación básica empieza a ser un tema de Estado. Finalmente, estas condiciones de venta y distribución se publicarían en el Decreto de 18 de abril de 19521, en el que se estipula la creación de centrales lecheras en municipios con más de 25 000 habitantes, pasando a posicionarse como una Orden conjunta por parte de los Ministerios de Agricultura y Gobernación de 31 de julio de 19522, en la que se estipula la regulación de las condiciones de la leche que tenían como fin el abasto público y de las centrales lecheras. Este tipo de normativas entran dentro del proceso de desarrollo y modernización de la industria española en época franquista, las cuales comenzaron a promover la mejora de controles y calidad sanitaria de los productos industriales, sobre todo, los alimenticios que iban destinados a las zonas urbanas (López Trujillo, 2022).
Esta nueva normativa reserva la producción de leche higienizada y conservada solamente a las Centrales Lecheras, al ser las únicas capaces de procesarla con dichas características. Al mismo tiempo, aunque el consumo y venta de leche cruda natural o certificada no se prohibió, se establecieron una serie de normas de manipulación que difícilmente podían ser seguidas a rajatabla por la mayor parte de granjas e intermediarios, como podía ser obligaciones de filtrado, su refrigeración o el registro de las ganaderías en la Dirección General de Ganadería (DGG), como se expone en el artículo cuarto y quinto del Decreto del 18 de abril de 1952 en relación a la leche higienizada. Por ello los ganaderos productores se vieron obligados, tras la prohibición de la venta ambulante, a cerrar sus pequeñas explotaciones o a restringir su venta a las zonas rurales, y con ello disminuyó su producción y, por ende, sus beneficios. Otra opción era vender la leche a las centrales lecheras, pero a precios muy bajos con los que no obtenían grandes beneficios.
Esta nueva política llevada a cabo por el régimen franquista favorecía la concentración de la actividad industrial y la creación de monopolios de actividades en decrecimiento de medianos y pequeños productores, actuando estas industrias alimenticias como filtros sanitarios. Aunque el Decreto elaborado en 1952 constataba que las centrales lecheras fueran formadas por cooperativas ganaderas o agrupaciones mixtas de productores, industrias y comerciantes lecheros, intentado motivar la modernización de estos sectores tradicionales, finalmente lo que se conformó fue la progresiva desaparición de una serie de oficios tradicionales y arraigados en la sociedad isleña al ser acaparadas estas nuevas industrias por las élites tinerfeñas que estaban en una posición privilegiada, tanto en su influencia política como en la empresarial o económica, como el caso de la familia Oramas, encabezada en este ámbito por Francisco Oramas Tolosa (López Trujillo, 2022).
Con la creación de ILTESA y la aparición de la producción industrial, se produjo una disminución de los precios de venta de la leche que hizo imposible la competencia tanto de ganaderos como de lecheras. A su vez, esta situación se reforzó por la amplificación de la preocupación social sobre la seguridad alimentaria promovida por las autoridades, que desarrollaron una campaña mediática que representaba a las lecheras como incapaces de asegurar la calidad de la leche durante sus ventas a granel en las zonas urbanas, además de realizar mecanismos fraudulentos durante dichas ventas. Estas circunstancias las aprovechó ILTESA para aumentar aún más su protagonismo e intensificar la campaña de desprestigio que estaban sufriendo las lecheras, posicionándose como un ejemplo de la nueva revolución que estaba viviendo el régimen franquista en el mundo industrial, caracterizado por la entrada de la modernidad y de la seguridad alimentaria, donde la leche pasteurizada y el envasado hermético se posicionaba como una garantía de calidad al no necesitar ser hervida antes de su consumo (López Trujillo, 2022). Finalmente, esta campaña de descrédito daría sus frutos y la Comisión Consultiva de Centrales Lecheras de Santa Cruz de Tenerife, presidida por el Gobierno Civil de la provincia, el 17 de febrero de 1962 prohibió la venta ambulante de leche, como refleja la orden del Decreto de 18 de abril de 1952. Dicha medida fue anunciada el 8 de marzo de 1962, dando como fecha límite para la realización del oficio el 25 del mismo mes (López Trujillo, 2022).
Un ejemplo de esta persecución constante hacia las lecheras son los continuos pedimentos y quejas, por parte de los máximos responsables de las nuevas industrias lecheras a las autoridades municipales, de que una vez prohibida la actividad de venta de leche a granel todavía se seguía viendo a lecheras vendiendo leche por las calles chicharreras. Estas denuncias fueron tramitadas por la Jefatura de la Policía Municipal de Santa Cruz de Tenerife, llevando a cabo un servicio especial en el que se detuvo y puso a disposición del Gobernador Civil (además de elevarlo al conocimiento del alcalde) a aquellas personas que seguían vendiendo la leche a granel en la ciudad después de haberse prohibido tal actividad.
Una venta en establecimientos fijos. El control sobre la actividad de venta de leche fue cada vez mayor. Tras el exquisito seguimiento de la calidad del producto a la hora de su venta, llegó el momento en el que ayuntamientos como el de Santa Cruz obligaron a que la venta de la leche se realizara preferentemente en puestos fijos en los que las condiciones de limpieza e higiene eran mejores. Además, especificaba cómo debía llevarse a cabo su venta en vasijas o botellas transparentes colocadas sobre mesas de mármol blanco, u otro material impermeable del mismo color, y expuestas al público, teniendo cada vendedor su licencia municipal.
Este control también se empezó a llevar a cabo con los propios animales productores de leche. Vacas, ovejas, cabras e incluso burras, cuya leche era destinada, entre otros, a niños con desnutrición y necesitados de una alimentación especial, debían ser registradas en el ayuntamiento, al igual que los locales de venta, que no podían ejercer su actividad sin autorización de la alcaldía, fomentada por el ayuntamiento frente a los vendedores ambulantes (Alemán, 1995).
Con respecto a los establecimientos fijos de lugares como Santa Cruz, nos podemos encontrar con casos tan curiosos como la denuncia puesta por un hombre llamado Severino Cabrera Bethencourt, vecino de esta ciudad con un establecimiento dedicado a la venta de Leche y Pan en la calle San Lucas, n.º 27, dirigida a su vecina doña María Suárez Armas, domiciliada en la misma casa. Esta denuncia expone que esta señora “sistemáticamente arroja todas las mañanas unos cubos de agua en la acera, que al discurrir por ella viene a formar charcos a la entrada del comercio del exponente, con lo que se le ocasionan graves perjuicios y molestias a la clientela que se ve precisada a pasar sobre el agua, y a embarrar el despacho de leche”. Esta acción estaría prohibida por el artículo 89, n.º 12, de las ordenanzas municipales y, por lo tanto, estaría cometiendo un acto ilegal; pero la disolución del caso se finaliza de una forma bastante curiosa expuesta a continuación:
Gracias a casos como el presentado se puede observar cómo la higiene y la limpieza pasan a ser uno de los factores más importantes en los establecimientos de venta al público, sobre todo de productos como la leche, donde las condiciones impuestas debían de ser seguidas a rajatabla.
Los últimos coletazos. Dada la situación tan extrema en la que se encontraron las lecheras, recurrieron al asesoramiento del nombrado abogado y asesor laboralista Antonio Cubillo, quien tomó el control de la situación y comenzó a encabezar una campaña de recogida de firmas, además de redactar una serie de documentos de protesta dirigidos a las autoridades laborales de la época, al no tener estas mujeres una comisión propia ni ninguna agrupación profesional estructurada ni institucionalizada, por su carácter eminentemente tradicional y rural. El fin de Cubillo era desarrollar un plan de acción que celebrara una asamblea de todas las afectadas, además de redactar un documento que expresara la disconformidad con respecto al decreto establecido por las autoridades y conseguir prohibir la importación de leche en polvo, componiendo como último paso una manifestación ante el Gobierno civil (Cabrera Acosta, 2002). La manifestación fue convocada más tarde en la Plaza de la Candelaria de Santa Cruz con el fin de entregar un manifiesto de protesta contra la prohibición. Esta manifestación se convocó para el 26 de marzo, aunque se produjo el día 22, antes de que se aplicara la orden establecida, día en el que entre unas 60 a 200 lecheras, según la fuente, reclamaron sus derechos a las autoridades con la intención de poder negociar mediante una comisión que le permitiera ampliar el plazo del cese de la actividad. Finalmente no fueron atendidas, y abandonaron la plaza (López Trujillo, 2022).
Por eso las reivindicaciones de Cubillo, al no haber una alternativa jurídica que pudiera hacerle frente a las medidas tomadas, se centraron en llevar a cabo presiones de diferente tipo que pudieran hacer rectificar y cambiar de opinión a las instituciones tinerfeñas, aunque entre sus quejas manifestaba que la Comisión Consultiva de Centrales Lecheras de la Provincia de Tenerife no tenía las facultades necesarias para realizar la prohibición, pues las tenía la Dirección General de Sanidad y Ganadería, la cual debía de formalizar sus medidas dando la posibilidad de llevar a cabo una transitoriedad gradual en el campo del abasto de la leche y el nuevo reglamento (López Trujillo, 2022).
Al día siguiente volvieron a repetir la manifestación, que fue intervenida con dureza por la policía y que llegó a detener a cuatro personas, tres lecheras y el fotógrafo encargado por Cubillo para la realización de instantáneas del acto, llamado Agustín Hernández García, quien tras una fuerte represalia por parte del cuerpo policial, acabó declarando que Cubillo estaba detrás de la convocación de la manifestación de las lecheras. Debido a esta declaración, se procedió a la detención inmediata del defensor laboralista y al registro tanto de su casa como de su despacho, en el que se encontraron varios testimonios y escritos en contra del régimen franquista, siendo finalmente puesto en libertad bajo fianza el 26 de abril de 1962. Finalmente, tras permanecer oculto durante un tiempo en la localidad de Tegueste, gracias a la ayuda de una amiga y una de las lecheras a las cuales había defendido, se marchó a Safi (Marruecos) en una lancha contrabandista pues sabía que el Gobernador civil deseaba acabar con su vida, desarrollando posteriormente su ideología independentista africanista desde el continente con la creación del MPAIAC y la nueva identidad del pueblo canario; hasta regresar nuevamente a Canarias en 1985 tras sufrir un atentado diseñado por el Ministerio del Interior español en 1978, que casi le cuesta la vida (Cabrera Acosta; López Trujillo, 2011).
Conclusión. El ocaso del oficio de las lecheras en Canarias simboliza mucho más que la desaparición de una actividad económica tradicional, ya que representa el fin de un modo de vida profundamente enraizado en la identidad insular. La modernización industrial, las políticas estatales del franquismo y la mecanización progresiva del sector primario transformaron el paisaje laboral y social del Archipiélago, desplazando a quienes habían sostenido durante décadas la economía cotidiana de los barrios y pueblos. En este contexto, figuras como Antonio Cubillo emergieron disidentemente e intentaron defender la dignidad de los trabajadores frente a un sistema que favorecía la concentración empresarial y la pérdida de soberanía productiva.
El llamado conflicto de las lecheras fue, así, mucho más que una reivindicación laboral. Fue una lucha por la preservación de la cultura popular, de la autonomía campesina y de la memoria colectiva. Hoy, su recuerdo nos interpela a reflexionar sobre el precio del progreso y sobre la necesidad de mantener vivo el legado de quienes, con esfuerzo y resistencia, construyeron los cimientos de la sociedad canaria contemporánea.
Bibliografía
-Alemán, Gilberto. (1995). Lecheras, gangocheras y vendedoras. Ediciones Idea.
-Berrocal Caparrós, M. del C. (2008). "El oficio tradicional de lechero-cabrero en la zona oeste del Campo de Cartagena". Revista Murciana de Antropología (15), 499-531. Recuperado de https://revistas.um.es/rmu/article/view/108881
-Cabrera Acosta, Miguel Ángel. López Trujillo, Zebensui. (2011). "Antonio Cubillo: de la oposición antifranquismo al independentismo africanista canario". En Núñez Seixas, Xosé M. y Molina Aparicio, Fernando (1.ª ed.). Los heterodoxos de la patria. Biografías de nacionalistas atípicos en la España del siglo XX (pp. 221-241), Editorial Comares.
-Decreto de 18 de abril de 1952 sobre creación de centrales lecheras en municipios de más de 25 000 habitantes, en BOE, 148, 27 de mayo de 1952, pp. 2362-2365.
-Hernández-Francés León, Belma. (2022). Las últimas lecheras de Tegueste. Relatos de un oficio en la memoria. Trivo Local Solutions, S. L.
-López Trujillo, Zebensuí. (2022). De la oposición antifranquista al independentismo africanista: el papel histórico de Antonio Cubillo Ferreira (1956-1964). [Tesis Doctoral, Universidad de La Laguna].
-Martínez Moure, O. (2011). Las "leiteiras" (lecheras) de Distriz (Monforte de Lemos, Lugo): Estudio de un oficio tradicional de la ruralía gallega. Diputación Provincial de Lugo.
-Orden conjunta de ambos Departamentos de 31 de julio de 1952 por la que se aprueba el Reglamento por el que han de regularse las condiciones de leche destinada al abasto público y de las Centrales Lecheras, en BOE, 225, 12 de agosto de 1952, pp. 3762-3767.
- Decreto de 18 de abril de 1952 sobre creación de centrales lecheras en municipios de más de 25 000 habitantes, en BOE, 148, 27 de mayo de 1952, pp. 2362-2365.
- Orden conjunta de ambos Departamentos de 31 de julio de 1952 por la que se aprueba el Reglamento por el que han de regularse las condiciones de leche destinada al abasto público y de las Centrales Lecheras, en BOE, 225, 12 de agosto de 1952, pp. 3762-3767.