Revista n.º 1136 / ISSN 1885-6039

El último esclavo de Gran Canaria (I)

Martes, 16 de diciembre de 2025
Pedro Socorro Santana
Publicado en el n.º 1127

En 1862, fue liberado en Gran Canaria el último esclavo registrado documentalmente: un niño de cuatro años, nacido en La Habana, que su amo indiano había traído consigo, dejando allá a su madre.

Ilustración de un mercado público de esclavos

España tiene el dudoso honor de haber sido el último país europeo en abolir por completo la esclavitud en sus colonias ultramarinas. Esta abolición se produjo en dos etapas: primero en Puerto Rico, durante la primavera de 1873, y más tarde en Cuba, el 7 de octubre de 1886, cuando el rey Alfonso XII sancionó una ley que proclamaba con orgullo «la gloria de haber borrado para siempre de las leyes y dominios españoles el estado de esclavitud conservado por causas diferentes en las hermosas provincias de la isla de Cuba»1.

En la Península, así como en las islas Baleares y Canarias, la esclavitud se abolió el 8 de marzo de 1837, en medio de intensas disputas políticas, cuando la Gaceta de Madrid publicó el Dictamen de la Comisión de Legislación sobre la abolición de la esclavitud. Sin embargo, como suele ocurrir con los grandes cambios, entre la ley y la realidad transcurrieron muchos años. En las Islas, la esclavitud no desapareció de inmediato. Pasaron décadas antes de que las últimas personas sometidas a esta condición fueran finalmente liberadas. Uno de los últimos casos documentados ocurrió en Gran Canaria, a comienzos de 1862: Juan, un niño de apenas cuatro años, nacido en La Habana. Había llegado a la isla acompañado de su amo, un rico indiano grancanario que, al regresar de las Indias, lo trajo consigo, dejando atrás a su madre, también esclava. La historia de este niño, aunque apenas registrada, refleja una época que se resistía a desaparecer por completo.

Durante siglos, era habitual ver en los pueblos de la isla un gran número de personas esclavizadas caminando por sus calles y paisajes. De hecho, muchas zonas conservan nombres que recuerdan esa presencia, como la Cueva del Negro en Agaete, el Barranco de Los Negros o Andén de los Negros en San Bartolomé de Tirajana, el Salto del Negro, Cruz de los Moriscos en Artenara, la Punta del Negro en Agüimes o la Montañeta de Los Negros, en lo alto del Monte Lentiscal en la Villa de Santa Brígida2. Hombres, mujeres y niños fueron arrancados de África, o traídos desde las colonias españolas, para ser sometidos al trabajo forzado en las Islas, o para ser vendidos en el comercio de la trata con destino a América. Muchos vivieron y convivieron en estas tierras, dejaron descendencia y, una vez liberados por sus amos, se integraron con las gentes de aquellas localidades. Así nació un mestizaje rico y complejo que aún hoy puede detectarse en el ADN de quienes habitan estas Islas, revelando un porcentaje de su ascendencia subsahariana, especialmente por vía materna. Esas huellas genéticas son un testimonio irrefutable de nuestro pasado como especie migrante y esclavista, aunque nos resistamos a reconocerlo.

El tráfico de esclavos en Canarias se remonta a los tiempos la conquista castellana. «Desde el mismo momento en que los europeos tocaron sus costas», señala el profesor Manuel Lobo, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuya obra ha arrojado luz sobre la historia de este grupo silenciado durante siglos. Las Islas pronto se convirtieron en un enclave estratégico en el Atlántico, un punto clave dentro de las rutas comerciales, incluido el lucrativo —y brutal— negocio de la trata de esclavos, especialmente africanos. Según estima Lobo, solo en Gran Canaria, durante el siglo XVI, había alrededor de 10 000 personas esclavizadas. De ellas, aproximadamente el 70 % eran de origen negro. Muchos de ellos fueron destinados al trabajo forzado en las plantaciones de cañas de azúcar, donde las condiciones eran inhumanas. Jornadas interminables, castigos físicos y un ritmo de trabajo extenuante marcaban el día a día. Otros eran empleados en los ingenios azucareros, favorecidos por el clima propicio de la isla, que facilitaba una producción continua y rentable… pero de un coste humano incalculable.

Así, nuestra primera industria insular —el negocio del azúcar, codiciado en toda Europa—, se levantó sobre los cimientos de la esclavitud, cuyas vidas silenciosas nutrieron las primeras crónicas de dominación, ambición y riqueza. Los propios indígenas canarios no escaparon a este destino. Muchos fueron capturados y vendidos como esclavos en los mercados de Sevilla, Valencia o Génova. Y aunque las órdenes reales intentaron protegerlos —no siempre con éxito ni rigor—, su uso como mano de obra fue decayendo. En parte por estas disposiciones, y en parte por la supuesta debilidad que mostraban para los trabajos más duros, comenzaron a ser sustituidos. La mirada entonces se volvió hacia el continente africano. Desde la costa Occidental, desde Berbería y más allá, llegaron hombres y mujeres —blancos y negros— que pasaron a formar parte de una materia prima que se consideraba indispensable para explotar las nuevas tierras, recién descubiertas3. Tal como recoge el profesor Manuel Lobo, eran recursos humanos forzados, necesarios para mantener en marcha la maquinaria económica de una isla que crecía al ritmo de la caña… y del sufrimiento ajeno. Poseer esclavos no solo implicaba tener mano de obra disponible, sino también un estatus, un signo de distinción social para aquella sociedad. Solo quienes contaban con suficientes recursos podían permitirse comprar y mantener a varios esclavizados. El valor de cada uno se tasaba con frialdad, como si de mercancía se tratara. La edad, el sexo y, sobre todo, las condiciones físicas determinaban su precio. Cuánto más joven y fuerte, más caro.

Aunque el tráfico de seres humanos comenzó a decaer a partir del siglo XVIII, la esclavitud siguió siendo una realidad palpable en España hasta su abolición legal en 1837. Aun así, se permitió su continuidad en los territorios de Ultramar, como Cuba y Puerto Rico, así como en las colonias vecinas controladas por Portugal. Para entonces, la esclavitud ya no sostenía el sistema económico peninsular como lo hacía en el Caribe, pero seguía presente en la vida cotidiana, sobre todo como una realidad doméstica y social. Lejos de los ingenios azucareros, los esclavizados seguían cumpliendo funciones en hogares, talleres, en las faenas agrícolas o como sirvientes, invisibles muchas veces en los relatos oficiales, pero esenciales en el día a día de muchas familias. A partir de aquel año, el simple hecho de pisar territorio peninsular, balear o canario debía bastar para que cualquier persona esclavizada en América obtuviera su libertad. Al menos, así, lo dictaba la ley. Pero la realidad no siempre obedecía al papel. Lo demuestra la historia de Juan García, un niño esclavo que vivió entre dos mundos, dos continentes y un mismo siglo XIX. Nacido en La Habana y llevado a Gran Canaria por la compañera de su amo, Juan creció ajeno a los derechos que ya lo protegían, retenido en una casa de Las Palmas como si el cambio legal nunca hubiera existido. Su vida —silenciosa, olvidada por mucho tiempo— nos recuerda que la ley puede ser clara, pero la justicia, a menudo, tarda en llegar.

Juan nació en 1857 en la pequeña villa de Guanabacoa, en el corazón de la provincia de La Habana. Desde el primer aliento, fue esclavo. Porque su madre, Serafina, pertenecía como propiedad de un rico indiano grancanario afincado en aquella región de Cuba. Tres años después, en un intento por dar pasos hacia la libertad, las autoridades cubanas acordaron que cualquier persona esclavizada que viajara con su amo y pisara suelo español —ya fuera peninsular, balear o canario— obtendría automáticamente su libertad. Pero esa promesa, para muchos como Juan, quedó en letra muerta. Para entonces, el pequeño ya lloriqueaba en Gran Canaria.

Una de las cláusulas del indiano, en el que declara tener en su casa de la calle Cano, número 38, al  niño esclavo (fondo: AHPLP)

Dos años después de nacer, fue separado de su madre y trasladado a Las Palmas por orden de su primer y único dueño: Sebastián García Rivero (1782-1862), un indiano natural de San Lorenzo que había hecho fortuna en Cuba. Como tantos otros isleños en aquel siglo, Sebastián había cruzado el Atlántico siendo apenas un muchacho, empujado por la pobreza, en busca de una vida mejor. Muchos canarios, como él, se desplegaban por América como piezas de un mapamundi roto, tratando de recomponer su suerte en tierras lejanas. Pero al regresar, no todos volvían con onzas de oro o nostalgia: algunos, como Sebastián, regresaban también con personas convertidas en propiedad, como el pequeño Juan, arrancado del regazo de Serafina para crecer en silencio, entre dos mundos.

Al final de su vida, Sebastián quiso establecerse definitivamente en Gran Canaria, donde deseaba morir y ser enterrado. Había contraído matrimonio en La Habana con María Timoteo Morales, originaria de la villa de Guanabacoa, con quien tuvo dos hijas. Sin embargo, llevaba cuarenta años separado de ella «por motivos que han mediado de disgustos», según dejó registrado en sus últimas voluntades. Antes de partir, se encargó de poner en orden sus asuntos tanto en La Habana como en Gran Canaria, dejando pendiente cuantiosas cantidades de dinero por cobrar, que sumaban 17 573 pesos. Para gestionar estos cobros, confió en su apoderado Felipe Rivero, a quien prometió gratificar con treinta onzas de oro. Pero lo que no se menciona en esos documentos es que, desde aquel puerto cubano, una amiga de Sebastián partió hacia Las Palmas acompañado del pequeño hijo de su esclava Serafina.

La lectura de su testamento revela que, en Gran Canaria, Sebastián había logrado reunir una notable cantidad de bienes. Entre ellos, destacaba una hacienda de tierras y agua en Tenoya, que incluía «una casita terrera que acabo de fabricar», valorada en 9330 pesos y adquirida a José del Castillo Olivares. También poseía otra casa en ese mismo pago, que al regresar tenía arrendada al Hospital de San Martín, unos cercados en el barrio capitalino de San José y una vivienda en la calle Cano, número 38, por la que pagaba al anterior propietario, Eduardo Sall, una renta mensual de 50 pesos. En esta última residencia convivía con Francisca Tonoia Melián, natural de La Habana, de 52 años, hija de Simón Melián y de Dolores Sánchez. Bajo el mismo techo del barrio de Triana también residían cuatro sirvientes: Juan Florentín García Hernández, de 10 años; María del Pino Luján, natural de Arucas, de 41 años; José Navarro, de 44 años; y José Gutiérrez, de 17 años, natural de Guía, lo que da una idea de que llevaba una vida acomodada. Además, disponía de dos caballos negros —uno de cabalgadura y otro para tiro— y un quintrín «con sus arreos de plata», un elegante carruaje de dos ruedas, abierto, que probablemente trajo consigo desde América en un vapor. Con él solía pasearse por la ciudad o visitar sus propiedades, dejando ver el estilo de vida que había conseguido construir tras décadas de esfuerzo… y no pocos silencios.


  1. Pérez Herrero, E. y Quintana Andrés, P. (2016). Prácticas del documento notarial. Guía del investigador. Mercurio Editorial, págs. 120-121.
  2. Trapero, M. y Santana Martel, E.: «Toponimia de las Islas Canarias». Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Investigaciones Filológicas en Canarias. https://toponimiacanarias.ulpgc.es/inicio.
  3. Lobo Cabrera, M. (1982). La esclavitud en las Canarias Orientales en el siglo XVI: negros, moros y moriscos. Cabildo Insular de Gran Canaria.
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