Ayer, el Pleno del Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad esta norma que establece garantías para que la ciudadanía pueda hacer efectivo sus derechos culturales, articulando un régimen de colaboración, cooperación y cogobernanza entre todas las administraciones. Con ello, la acción cultural pública gana en eficacia, eficiencia y equidad.

Juan Márquez, viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, destaca que no existe otro texto legislativo similar en el Estado español. «Si queremos situar las políticas culturales en el núcleo duro de las políticas públicas, se hace fundamental una legislación cultural que garantice el ejercicio efectivo de los derechos culturales en el marco de su contribución al desarrollo social y económico».  “Es un paso importante para dejar atrás las políticas ocurrencialistas y de arriba abajo.  Ahora se deberá pensar en clave estratégica y dando más peso al Parlamento, así como a la participación ciudadana a través del Consejo Canario de Cultura”, afirma el viceconsejero.

La Ley sitúa el centro de gravedad en la idea de sistema: en la que el conjunto es superior a la suma de las partes y provee los medios y las técnicas para su funcionamiento. Contempla desde los mecanismos de planificación,  la dinamización y el uso eficiente de los equipamientos públicos hasta los recursos humanos, económicos y de gobernanza.