Revista nº 736
ISSN 1885-6039

Los coroneles de La Oliva: unos terratenientes majoreros del Antiguo al Nuevo Régimen. (y II)

Viernes, 01 de Junio de 2018
Agustín Millares Cantero
Publicado en el número 733

Una vez extinguido el coronelato de Fuerteventura, así pues, el absentismo y las prácticas matrimoniales concertadas entre círculos oligárquicos transformaron esta isla en apéndice de la gran propiedad territorial de Las Palmas, en amplia reserva de granos y otras mercancías agrícolas, fortaleciendo los lazos económicos y políticos del grupo oriental.

 

 

(Viene de aquí)

 

 

En manos del último coronel de Fuerteventura, el antedicho Cristóbal Manrique de Lara y Cabrera, quedaron 1161 de las hectáreas en cuestión, el 62,76 % del total insular. Unas 923 hectáreas en 63 fincas las arrendó don Cristóbal, entre agosto de 1858 y agosto de 1867, a nueve vecinos por rentas anuales que sumaban los 29 715 reales de vellón; las restantes 238 hectáreas involucraron, salvo en la hacienda de Diama, las tierras peores con cereales y entregadas al partido de medias. Por último, el instaurador grancanario de la Casa prendió al acervo familiar las 220 hectáreas en 15 fincas de sus haberes en la isla natal, frutos de bienes libres y de tres vinculaciones. Los inmuebles más significativos se emplazaron en el cortijo de Zamarita en Gáldar, con unas 53 hectáreas, y en la hacienda del Centenar en Moya, con casi 28 y 12 días de agua por su Heredamiento. Estos terruños, incluyendo algunas viviendas y en proporción estimable bajo riego, serán valorados por 462 572 reales de vellón en 1854. En cuanto a los vinculados, destacó la hacienda del Batán en Santa Brígida.

 

La Casa Manrique de Lara y Cabrera, en suma, detentó como mínimo en 1850 un total de 30 370 hectáreas en las tres Islas Orientales, siendo una de las más opulentas e influyentes de la provincia. De los cuatro legatarios de la pareja fundacional, el tantas veces citado Cristóbal Manrique de Lara y Cabrera, el séptimo y último coronel de Fuerteventura entre 1833-1870, se llevó más de la mitad reservable no solo por los derechos de primogenitura, sino por contraer nupcias con su sobrina carnal María de las Nieves del Castillo y Manrique de Lara, hija de su hermana Elvira y del coronel grancanario Diego del Castillo Béthencourt, hermano del tercer conde de la Vega Grande de Guadalupe. De nuevo la endogamia de los linajes nobiliarios operó como un mecanismo de acumulación que evitaba las fragmentaciones de los caudales rústicos. Y se trató de una pauta con renovados exponentes.

 

Cuando expiró el coronel postrimero don Cristóbal, sus mandas se dividieron en cuatro partes y dos de ellas llegaron hasta el militar grancanario Pedro Bravo de Laguna y Joven de Salas, desposado inicialmente con su hija Sebastiana y, tras enviudar en 1869, con su homónima María del Carmen en 1872. El futuro general Bravo, de un tronco familiar de segundo orden entre las clases privilegiadas del Antiguo Régimen que había invertido en las desamortizaciones eclesiástica y civil, pagó en 1871 al doctor Domingo José Navarro y Pastrana por las 818 hectáreas de La Isleta, territorio desamortizado en 1859 y que por aquel entonces encerró 3,30 hectáreas de cochinilla e importantes salinas y canteras. Gran propietario de la Isla Redonda, desde su capital participó don Pedro en la administración de las fracciones que le correspondieron en la riqueza de su familia política, conforme a las tareas que allí mismo ejecutaban ya otros de sus beneficiarios.

 

Cristóbal Manrique de Lara y Cabrera (1800-1870), séptimo y último coronel de Fuerteventura

 

Al afincarse Pedro Manrique de Lara y Cabrera en Las Palmas, donde matrimoniaron con retoños del cuarto conde de la Vega Grande un par de sus hijas, y enlazar su hermana María Dolores, según indicamos, con un primo carnal que ostentó la jefatura de la Casa Mayor de los Manrique, esta ciudad sustituyó a La Oliva como receptáculo principal de las copiosas rentas familiares. El primogénito de esta pareja, Francisco Manrique de Lara y Manrique de Lara, disfrutó mayormente de su legado al morir sin sucesión sus dos hermanas y por los 434 fundos con 7764 hectáreas en tres islas llegó a ser el prohombre leonino (concejal y alcalde de Las Palmas entre 1889-1893) uno de los grandes ricachones isleños. De los mayorazgos de los Manrique desde el siglo XVIII procedieron dos grandes haciendas en Agaete y, sobre todo, la del Valle con 224 hectáreas y toda el agua del Heredamiento de su nombre; por su madre, de los dominios de su abuela doña Sebastiana, le tocó alrededor del 4 % de Fuerteventura, teniendo entre las primeras fincas la mitad de la Roza de Lagos, si bien el 80,76 % de las explotaciones no superó las 10 hectáreas.

 

Una vez extinguido el coronelato de Fuerteventura, así pues, el absentismo y las prácticas matrimoniales concertadas entre círculos oligárquicos transformaron esta isla en apéndice de la gran propiedad territorial de Las Palmas, en amplia reserva de granos y otras mercancías agrícolas, fortaleciendo los lazos económicos y políticos del grupo oriental. Los nexos con La Orotava por mediación de los Ponte y Llarena no bastaron para neutralizar la tupida red que los Manrique de Lara y Cabrera tejieron con lo más granado de la nobleza grancanaria, desarrollando un movimiento de ida y vuelta Gran Canaria-Fuerteventura-Gran Canaria a través de los Manrique. También la tierra tuvo mucho que ver, evidentemente, con el divisionismo y las luchas provinciales.

 

Otra de las columnas de la gran propiedad en Lanzarote y Fuerteventura procedió del señorío territorial y jurisdiccional del marquesado de Lanzarote, que en 1718 recayó en el de Velamazán y en adelante en los condados de Cifuentes y de Santa Coloma, Grandes de España de primera clase radicados en Madrid. A Juan Bautista de Queralt y Silva, XIV marqués de Lanzarote y último en ejercer la jurisdicción, le fueron reconocidos amplios derechos territoriales en ambas islas tras la definitiva abolición del régimen señorial. En 1905 contaban estos aristócratas en Lanzarote con unas 641 hectáreas en 23 fincas, aparte de las casi 33 hectáreas de las Salinas del Río en Haría, cuya contribución por industrial superaba la del resto de las provinciales conjuntamente. Las partes que ocuparon en el islote de Lobos tuvieron una superficie de 68,50 hectáreas, encontrándose su mayor propiedad en la Dehesa de Jandía con 34 405 hectáreas en dos porciones, que solía darse en arrendamientos de nueve años según costumbre. En 1868 encuadró la Dehesa unas 40 hectáreas de nopales, 3000 cabras, 17 hornos para la quema de piedra de cal y yeso y un estanque de 250 pipas de agua en el pago de Cofete, donde se levantaban una casa-oratorio, almacenes, atahona y 21 viviendas para colonos. A principios del siglo XX, las tierras insulares de los condes de Santa Coloma rebasaban las 35 147 hectáreas y en Fuerteventura, unidas a las propias de la Casa de Manrique de Lara y Cabrera, suponían más de un tercio del suelo insular.

 

Los sistemas de tenencia de la tierra empleados por los grandes propietarios feudales durante el Antiguo Régimen se mantendrán a lo largo del Ochocientos y hasta bien avanzada la centuria ulterior. Las formas precapitalistas de extracción de la renta que utilizaron los nobles (medianerías, enfiteusis y arrendamientos) no experimentaron, por lo común, sustanciales variaciones luego de las Reformas Agrarias Liberales. La amalgama flexible de rentas en especie, en trabajo o en dinero, conservó las relaciones sociales de producción de naturaleza feudal (o semifeudal), incorporándose a lo sumo la administración directa, con mano de obra asalariada, en secciones de las haciendas principales y generalmente más productivas. El grueso de los aristócratas, que mantuvo la propiedad de sus antiguas vinculaciones en alto número, no se transformó en un empresariado capitalista y apostó por seguir extrayendo el plusproducto campesino según los usos históricos, que garantizaban beneficios de todo orden con una inversión mínima y sin riesgo para sus capitales. El prototipo de los coroneles de Fuerteventura, de sus allegados y sucesores, confirma plenamente el mantenimiento de semejantes relaciones sociales de producción.

 

Sirviendo a los mayores terratenientes de la nobleza hubo una gran cantidad de medianeros. Sobre Fuerteventura, un observador peninsular afirmaba en el verano de 1834 que “todos los más de sus habitantes [eran] medianeros” del coronel de la isla y “fueristas hasta por tradición”. En los cortijos sureños de Cristóbal Manrique de Lara y Cabrera trabajaban 110 colonos en 1869, cifra que descendió a 75 dos años más tarde. Un centenar se anotaron coetáneamente en la Dehesa de Jandía de los condes de Santa Coloma. La realidad de los ajustes a medias tuvo poco que ver con las idílicas imágenes sobre la “fraternal asociación” laboral, pródiga y amistades y concordancias, que difundieron los mismos portavoces de la gran propiedad desde criterios paternalistas. Entre las muchas visiones antitéticas, la del líder republicano José Franchy Roca conectaba la miseria de Fuerteventura con la feudalidad de la terratenencia absentista. La medianería comportaba entonces un sinónimo de sojuzgamiento, miseria y atraso, como lo había sido para la británica Foreign Quartely Review en 1843.

 

Al frente de cada uno de los cortijos de la Casa Manrique de Lara y Cabrera en Fuerteventura permaneció un mayordomo, quien evaluaba una cuantía de medianeros en función de la superficie cultivable y de las previsiones de las cosechas. El último de los coroneles estructuró todos ellos en dos conjuntos, el del Norte y el del Sur, pareciendo actuar el mayordomo de La Oliva como administrador general tras su fallecimiento. Esta figura adquirió carta de naturaleza con el absentismo de los asignatarios. Las Instrucciones del 22 de noviembre de 1872 que el general Pedro Bravo de Laguna cursó a los administradores, trazan una combinación de rentas en especie y en trabajo partiendo de mayordomías y medianerías, con nítidas pruebas respecto de la sujeción del campesinado a la tierra y la dependencia semiservil a sus “señores”.

 

Decía René Verneau que los agricultores insulares eran medianeros y que daban a los “amos” el tratamiento de su merced, aunque guardaran una enorme inquina en su contra. Si esta aversión no llegó más lejos, según indiqué en su día, fue porque la cuantiosa emigración en la crisis del Antiguo Régimen y el crack de la cochinilla vino a amortiguar las tensiones sociales. El campesino que emigra no pelea, y la expulsión de fuerza de trabajo excedentaria ha sido una válvula de ajuste para las contradicciones económicas y una espita para reducir la conflictividad social. Así y todo, ¿no dio lugar la terratenencia majorera a determinados conflictos, algunos puntuales y otros de cierta trayectoria? La defensa de los propios y comunales se trazó por diferentes medios y chocó en ocasiones con la gran propiedad territorial, incluso tras acometer el Estado sus privatizaciones definitivas en la desamortización civil. A semejanza de varios furores campesinos, la lentitud y el malogro de las vías legales espolearon formas de actuaciones violentas.

 

Pedro Bravo de Laguna y Joven de Salas (1832-1896)

 

El motín de la Dehesa de Guriame (La Oliva), en 1829, estuvo precedido por las resoluciones contrarias a la índole comunal de esos pastos exhortada por los síndicos personeros de La Oliva, Villaverde y Lajares. La Dehesa pertenecía al mayorazgo de los antiguos señores de Fuerteventura, y la titularidad de su arrendamiento fue asumida por los hermanos Domingo y Manuel García del Corral, vecinos de Yaiza, a partir de junio de 1823. Por Real Provisión de julio de 1829, la Audiencia prohibió que entrasen ganados o se recolectase cosco o pata sin autorización, exigiendo a los intrusos devolver la mitad de cuanto hubieran sustraído. Unos 200 hombres armados con garrotes (que algunos testigos duplicaron ampliamente) invadieron la Dehesa a principios de agosto y secuestraron al capitán Manuel García del Corral, con la intención de embarcarlo por Corralejo. En la treintena larga de los apresados por diligencias judiciales, destacarán los susodichos cargos públicos.

 

Las ocupaciones o tomas puntuales de algunos latifundios perturbaron también a la Casa Manrique de Lara y Cabrera en el Sur de Fuerteventura, de igual modo que hubo entradas ilegales en la Dehesa de Jandía. En 1865 fueron derribados los mojones y usurpadas suertes de los cortijos de Catalina García y Arrabales en Tuineje, propiedad del último coronel, que el ayuntamiento consideraba bienes de propios por donación del primer marqués de Lanzarote. La Audiencia condenó en 1874 a cuatro de los trece detenidos (ocho labradores, dos jornaleros, un zapatero, un propietario y un comerciante), pero la municipalidad reemprendió la batalla legal por la zona costera entre 1875-1878. Uno de los animadores de la lid, el alcalde de Tuineje Manuel Velázquez Cabrera, padre del autor del Plebiscito de 1910, consiguió al fin evadirse al Uruguay.

 

El reparto de las 13 695 hectáreas de los Términos no se materializó hasta el verano de 1896, a impulso de comisiones vecinales que alentó la oposición conservadora animada desde la Diputación Provincial por los hermanos Velázquez y protegida por el gobernador civil. La privatización, bajo teóricas condiciones de igualdad, se ajustó realmente a las prácticas caciquiles: el sorteo distribuyó 398 lotes entre 396 personas físicas y tres jurídicas, acaparando más de un quinto 18 grupos familiares. Los terratenientes leonistas de la Casa presentaron querellas y denuncias por despojo contra 26 vecinos, sin que recuperasen las tierras tras agotar las vías administrativa, penal y civil. También en Fuerteventura tuvo lugar el procesamiento de 17 moradores de La Oliva en 1900, bajo la imputación de introducir sus ganados en el coto del Jable y otras pertenencias de María de las Nieves Manrique de Lara y del Castillo, viuda del séptimo marqués de la Quinta Roja.

 

Si de la esfera social nos trasladamos a la política, es evidente que el peso de la gran propiedad ligada a los coroneles de Fuerteventura conservó sus prebendas en el tránsito del absolutismo al liberalismo. Del sufragio censitario al universal, las mesnadas electorales de los terratenientes congregaron a administradores, mayordomos, medianeros y jornaleros. La isla puede considerarse una especie de “feudo político” de los Manrique de Lara y Cabrera y de cuantos emparentaron con ellos hasta las postrimerías de la Restauración y más allá. Dos hijos del último coronel, Melchor y Pedro Manrique de Lara y del Castillo, serán diputados provinciales, de igual forma que el vástago mayor de su hermano Pedro, Francisco Manrique de Lara y Ponte, cuñado del quinto conde de la Vega Grande. El correlato electoral de las tierras oriundas de Francisco Manrique de Lara y Sebastiana de Cabrera se transfirió a Gran Canaria por mediación de dos conductos prioritarios: el del general Bravo de Laguna y el de Francisco Manrique de Lara y Manrique de Lara.

 

Las elecciones a Cortes del sistema canovista sometieron inicialmente al electorado majorero al distrito unipersonal de Las Palmas y después a la circunscripción oriental de 1905. El distrito autónomo que estableció la Ley de Cabildos de julio de 1912, por el que tanto clamó el autonomista Manuel Velázquez Cabrera, muy ligeramente iban a alterar los dictados de las peñas oligárquicas que se disputaron a cara de perro la dirección del “Gran Partido” de Fernando de León y Castillo y de sus girones inmediatos al fallecimiento del embajador en París y primer marqués del Muni. Las Casas terratenientes de Las Palmas se enseñorearon prácticamente del legislador por Fuerteventura a través del liberal agustino Jacinto Bravo de Laguna y Manrique de Lara, diputado provincial entre 1892-1905 y 1909-1912, y del también liberal franciscano y prietista Salvador Manrique de Lara y Massieu. Aquel era hijo del general y yerno de un hermano del quinto conde de la Vega Grande; y este vástago de Frasco Manrique de Lara, caudillo de una de las banderías leonistas más peleonas entre las élites grancanarias. De hecho se dio el nombre de manriquismo a la articulación concreta de los tinglados caciquiles majoreros.

 

 

El único revés de Salvador Manrique de Lara ocurrió en su debut electoral de 1916, cuando perdió ante el reciente Partido Majorero del cacique exleonista José Castañeyra Carballo, que defendió el encasillado del liberal albista Manuel Núñez de Arce y Fernández de la Reguera, sobrino del ministro de Gobernación. A Manrique se opuso en adelante esta facción de vademécum caciquil amiga de los conservadores, supervisada por Rafael Marrero Espinosa, diputado provincial de 1917-1923. Sucesivamente presentó sin éxito al conservador ciervista Lorenzo Cabrera Mackintosh, al ministerial datista Juan Peñate López, rico propietario de Tiscamanita, y al abogado cunero y también conservador Luis Richi Molero, exgobernador civil de Canarias en 1919-1920. Los falaces admiradores de Velázquez Cabrera, uno de los tres rivales de Bravo de Laguna en 1912, al menos evitaron la aplicación del artículo 29 en la isla que tanto imperó en La Gomera y El Hierro, abrazando hasta Lanzarote.

 

En conclusión, he trazado a ustedes una panorámica que, de acuerdo con el resumen anunciador, ha demostrado en qué forma sobresalieron los coroneles de La Oliva entre la terratenencia isleña de la Edad Contemporánea. Muy sucintamente les he ofrecido unas visiones sintéticas de cómo se gestó esta gran propiedad territorial en las entrañas del Antiguo Régimen, valiéndose de los señoríos orientales, y acerca de su enorme crecimiento en el tránsito al liberalismo. El recurso a la genealogía, imprescindible para tipificar los rasgos de nuestras clases dominantes, ha permitido esbozar la retícula de intereses familiares sobre los que descansó. Un entramado que, en síntesis, desplazó desde La Oliva hasta Las Palmas la sede residencial de la enorme riqueza agrícola que acumularon aquellos sobresalientes titulares del latifundio y del multifundio isleños. También apunté varias de las claves en torno a la pervivencia de la semifeudalidad dentro de las relaciones sociales que aplicaron los terretenientes majoreros, contemplando además algunos de los conflictos que en Fuerteventura generaron las tentativas opositoras a sus omnímodas jurisdicciones. La operatividad del binomio riqueza-poder la he puesto en relación con algunos de las bases de las estructuras caciquiles, que en una economía como la nuestra descansaron sobre la propiedad de la tierra. No creo haber exagerado en absoluto al señalar cómo la isla se convirtió en “feudo político” de los oligarcas grancanarios, un tema que figuraba incluso en los manifiestos de Velázquez Cabrera. Y en este esfuerzo de historia-síntesis me he empeñado, asimismo, en insistir a propósito de las funciones desempeñadas por la herencias de los Manrique de Lara y Cabrera en la consolidación del grupo oriental del Archipiélago, en la génesis de la provincia de Las Palmas.

 

 

Foto de portada: Casa de los Coroneles sobre 1930-1935 (autor: Curt Hermann)

 

 

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