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La eterna espera de Héctor

   
Héctor niño tinerfeño de siete años con síndrome autista

Los padres de Héctor costean su tratamiento y asistencia mientras les resuelvan la ayuda por dependencia. / DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

La controvertida Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia sigue ofreciendo, ocho años después de su aprobación en el Congreso de los Diputados, un enorme vacío para muchos de sus beneficiarios. Así lo dictan las cifras, como publicó recientemente este periódico, que señalan que más de 12.700 dependientes de las Islas reconocidos continúan esperando para cobrar una prestación que, incluso en algunos casos, llega cuando la persona ya ha fallecido.

Y es que, a la complejidad del proceso hay que añadirle los problemas burocráticos y los recortes planteados por las administraciones, que provocan que las esperas se prolonguen más allá de los dos años. Es el caso del niño tinerfeño Héctor Toledano Sánchez, de siete años de edad, que con síndrome autista fue reconocido hace cuatro como gran dependiente en el marco de la referida ley, que le debía otorgar una prestación económica para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personal.

Una ayuda que, casi 48 meses después de que se iniciara el proceso, todavía no le ha llegado a Héctor, lo que provocó que sus padres presentaran una demanda de responsabilidad patrimonial por el enorme retraso en la confección del Programa Individual de Atención (PIA) para su hijo. La denuncia, según revela su padre a este periódico, fue admitida a trámite en mayo del año pasado, justo un día antes de que se pudiera producir el “silencio administrativo”, que hubiera condenado a la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias.

La titular de este departamento, Inés Rojas, reconoció en varias respuestas parlamentarias que las esperas medias de tramitación de estos expedientes rondan los 11 meses, algo que desmienten casos como los de Héctor, que presumiblemente acabará en los tribunales ante la falta de respuestas de una administración desbordada y condicionada por los ajustes presupuestarios. No en vano, hace unos días la consejería manifestó por carta a los padres del menor que era necesaria una “valoración más detallada” de la reclamación por parte del correspondiente servicio de dependencia, en virtud de una resolución del Consejo Consultivo de octubre de 2013.

“Ahora nos dicen que hay un nuevo criterio del Consejo Consultivo y que que el informe de dependencia elaborado por los propios técnicos de la consejería está incompleto, lo que me parece vergonzoso”, denota Alberto Toledano, quien asegura que lo que pretende la Administración es “retrotraer el procedimiento para que la Dirección General de Dependencia lo emita de nuevo”. “O sea, que no hacen las cosas bien y nos tenemos que fastidiar los ciudadanos”, recalca el padre del niño autista, quien confirma que en los próximos días llevará el caso de su hijo hasta el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo.

Su odisea no solo le ha generado a él y a su mujer una enorme frustración, también los ha obligado a cambiar de vida para ayudar a su pequeño. De hecho, hace un año se trasladaron desde la isla de La Palma a la de Tenerife, donde pusieron al menor en manos de los profesionales de la Asociación de Personas con Autismo de Tenerife (Apanate). Esta entidad, sin ánimo de lucro y de reconocido prestigio en el tratamiento del autismo, trabaja desde hace casi dos décadas en la promoción del bienestar y la calidad de vida de las personas que sufren esta enfermedad, ofreciéndoles tratamientos específicos de acuerdo a sus características.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para que nuestro hijo pueda recibir una atención especializada”, subraya Alberto Toledano, padre de Héctor, quien recuerda que hace un año fue recibido por la propia consejera responsable del área, Inés Rojas, quien le confesó que “no estaba prevista la inclusión de ningún dependiente más” en el sistema por la falta de recursos económicos.

En vísperas de lo que muchos denominan ya como una “derogación” de facto de la conocida como ley de dependencia, más de 12.700 personas como Héctor en Canarias se encuentran en estos momentos a la espera de recibir una prestación por poseer alguno de los grados que establecen los dictámenes que barema y determina el sistema. En concreto, según los datos contabilizados a 31 de diciembre de 2013 por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en la actualidad en el Archipiélago hay 24.153 personas beneficiarias con derecho a una prestación, lo que supone un 82,14% en relación a los dictámenes realizados. Sin embargo, según este mismo informe, hasta finales del año pasado solo había en las Islas un total de 11.414 dependientes percibiendo alguna ayuda, lo que deja a 12.379 ya valorados sin cobrar aún la prestación.

Un nuevo suspenso para el sistema canario

Canarias junto a Madrid, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, además de Ceuta y Melilla, suspenden en la aplicación de la Ley de Dependencia y el resto de regiones, a excepción de Castilla y León y el País Vasco, tienen el sistema en “clara decadencia”, según el dictamen del XII Observatorio de la Dependencia, presentado el viernes. Este estudio, que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, analiza la evolución del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en todo el país partiendo de una docena de indicadores que van desde la existencia de listas de espera hasta el gasto público, el equilibrio entre servicios y prestaciones o el volumen de atendidos sobre el total de la población.

La organización asigna una puntuación a cada indicador y después calcula las notas medias que, aplicadas a una escala de cero a diez y en función de los resultados obtenidos a nivel nacional, arrojan varios suspensos: la Comunidad Valenciana obtiene un 0,4, la peor nota de toda España, seguida de Canarias, con un 0,8. Después están Ceuta y Melilla (1,3), Baleares (2,9), Aragón y Asturias, que empatan con 3,8.