Pocos años antes, en 1724, se había instalado allí el fuerte de San José. Era la respuesta española frente al avance portugués en la Banda Oriental hacia las orillas del  Plata con la constitución de la Colonia del Sacramento en 1680.

A los fundadores de Montevideo les tocó el papel dentro de la geoestrategia española de convertirse en frontera viva frente a la expansión portuguesa. Nacieron marcados por la misión militar que debían de cumplir como contestación bien retardada a la hegemonía lusitana en el área. Vivirán en una ciudad muralla situada en una banda-frontera.

Pero junto con esa función de freno a la expansión portuguesa, las elites canarias querían que trajera consigo la apertura del comercio directo entre el Río de la Plata y el Archipiélago a cambio del envío de familias canarias para poblar el vacío Uruguay. Los contingentes de pobladores habían sido contratados con navieros peninsulares, pero ahora se abrían nuevas posibilidades con una nueva vía mercantil.

Figura clave en esas negociaciones en la Corte fue el piloto palmero José Fernández Romero, buen conocedor del tráfico americano y con hermanos residentes en Venezuela. Su conocimiento de la navegación le llevó a redactar varias obras sobre la navegación en el Río de la Plata y el Golfo de México. Interesado en la ampliación del régimen mercantil canario hacia  el Río de la Plata, es nombrado por el cabildo de Buenos Aires para gestionarlo ante el Consejo de Indias. A cambio de un buque anual de 250 toneladas entre las Canarias y ese puerto en el que se transportarían vinos, aguardientes y telas vastas a la ida y frutos del Río de la Plata a la vuelta, se llevarían 5 familias canarias por cada cien toneladas y 20 más a cambio de un flete sufragado por la Corona de 150 pesos por cada una.

La Corona, preocupada por el problema político de la presencia portuguesa, parecía dispuesta a transigir. Una vez más el poderoso argumento de los colonos canarios como única posibilidad real de poblamiento de territorios fronterizos actuaba como un arma estratégica. El 30 de octubre de 1729, con la opinión favorable de la Casa de Contratación y el Consulado de Cádiz, representante de su burguesía comercial, una Real Cédula da luz verde. Excluía de su participación a toda persona que no fuera natural o vecino de las Islas. Pero las poderosas presiones del monopolio gaditano ante la nueva competencia y el riesgo de que ésta trajese consigo un aumento espectacular del contrabando, acusación tradicional hacia el comercio canario-americano, llevaron a la resolución real de 1731, que cortó la apertura de esta nueva ruta comercial y con ella la llegada de nuevos contingentes pobladores.

Con esos dos grupos de familias se procedió al nombramiento de los cargos municipales del primer ayuntamiento de Montevideo. Los dos alcaldes serían el lagunero José Vera Perdomo y el palmero José Fernández Romero. Los de alguacil mayor y alférez real corresponderían respectivamente al lanzaroteño Cristóbal Cayetano de Herrera y al lagunero Juan Camejo Soto, siendo finalmente el fiel de fechos el santacrucero Isidro Pérez de Rojas y Cabrera.

La existencia de estos colonos no fue fácil. Estaban limitados en un área rural restringida a las proximidades de la muralla, con conflictos con las autoridades militares y con ataques de los indios minuanos, sólo hasta que quedaron claros los límites de la colonia lusitana del Sacramento pudieron aumentar el espacio cultivado y de cría de ganado. El área destinada a las estancias era muy escasa. La mayor parte de los huertos de su cinturón urbano estaban en  manos de canarios.

Sin embargo, a pesar de constituir el núcleo poblador mayoritario, los repartos de tierras no guardaban proporción con su importancia demográfica y su papel en la ocupación del territorio. El 46% de las huertas estaba en sus manos. Sin embargo en las estancias ganaderas las autoridades coloniales beneficiaban a los pobladores procedentes de la Península o de Buenos Aires. Sólo les dieron un 9% de ellas. Era una discriminación muy notable, porque mientras que los huertos eran de 200 varas de frente y una legua de fondo, las estancias se cubrían 3.000 de frente y una legua y media de fondo.

Esta premisa constriñiría desde un principio el desarrollo agrícola de los pequeños hacendados canarios al consolidarse enormes latifundios. Entre los beneficiados destacaban los jesuitas y muy especialmente el que acaparó en su provecho las dos expediciones que trasladaron a las familias, Francisco de Alzáibar, que monopolizaba además el comercio de cueros desde Montevideo, por lo que todo propietario ganadero estaba en sus manos. A pesar de ello unos pocos canarios como los tinerfeños Durán, León y Pérez de Sosa pudieron ampliar el número de sus estancias. Pero no fue posible para la gran mayoría. La Real Instrucción de 1754 sobre venta y composición de tierras trajo consigo la expansión del latifundio. Su veloz desarrollo, en el que se pudo ver la abierta complicidad y unión de intereses entre los comerciantes y las autoridades, no sólo limitó la creación de un grupo intermedio de pequeños y medianos propietarios, sino que dejó encerrados como pequeños enclaves los núcleos de los fundadores.

Foto de portada: Plano de la ciudad de Montevideo (Uruguay) en 1742