-La farsa-

Por su parte, la Administración ha resultado ser soberana, pero sobre todo, soberanamente incompetente. Tanto las instituciones canarias como las españolas o las europeas, han revelado, a propósito del proyecto de construcción de un Puerto en Granadilla, una ineficacia, una hipocresía, un desconocimiento y una manipulación rayanos en la perfección. Los proyectos, los procesos, los argumentos, los estudios sobre dicho puerto llevados a cabo por la burocracia legal, se parecen y asemejan a una película de Mr. Bean.

Paralelamente, los falsos comunicadores, aunque no han llegado a la virulencia que mantuvieron contra los ecologistas desde 1996 hasta 2004 en que termina el Movimiento Toda la Isla es Vilaflor, han mostrado una indisimulada adoración hacia los accionistas que financian sus periódicos y sus televisiones. Su credibilidad como medios de comunicación, al convertirse parte de ellos en panfletos político-empresariales, ha caído en picado, siendo superados en la actualidad por unos ricos, pujantes, competentes, independientes y críticos medios de comunicación digitales. Un caciquismo decimonónico, el de algunos medios de papel y televisivos, actualizado a los avances técnicos de esta nueva centuria.

Vilaflor significó en su momento una ruptura entre la sociedad y el poder. Lejos de ser aprovechada para avanzar en democracia, los gobernantes y los grandes partidos políticos se apresuraron pronto a neutralizar. Primero fue la modificación en 2005 de la ley del sector eléctrico canario, con el fin de excluir del control municipal o adecuación al planeamiento territorial, las instalaciones que fuesen declaradas de interés general por el Gobierno canario (la reforma de esta Ley 11/1997 de regulación del sector eléctrico canario que permite al Gobierno de Canarias declarar de interés general -el suyo y el de UNELCO-ENDESA- las obras de instalaciones de generación, transporte o distribución eléctrica, por razones de urgencia o por excepcional interés sería aprobada definitivamente en comisión por CC y PP con el voto en contra del PSOE el 20 de diciembre de 2010).

Se despojaba así a los ayuntamientos y a los ciudadanos de sus derechos y competencias, para conceder un poder absoluto al Gobierno de Canarias, en un claro ejercicio antidemocrático. Justo el nudo gordiano del caso Vilaflor que mantuvo en jaque a todas las Instituciones, que apoyara la marea humana de aquellas 150.000 personas en la calle el 23-N de 2002 y que ha sido la mayor manifestación ciudadana habida en las Islas en toda su historia.

Luego llegó la descalificación por parte del poder establecido de la manifestación pública como acto democrático y participativo a raíz de las varias y multitudinarias manifestaciones contra el Puerto de Granadilla: Si en Canarias van 50.000 personas a una manifestación, hay otras 1.950.000 que no lo hacen. Hoy en día al Gobierno de Canarias y en general al poder legalmente instituido -lo de legítimo es otra historia-, le da igual que a una manifestación de protesta acudan ocho que ochenta. Sólo les interesa a los periodistas que, la verdad, nunca he entendido su obsesión por cuadrar numéricamente el número de protestantes.

A continuación se puso cerrojo a la participación ciudadana institucional, como el caso de la ILP llevada a cabo sobre la costa de Granadilla en enero de 2005 con la firma de 56.087 personas, aunque en realidad las iniciativas legislativas o los períodos de alegaciones son, en esencia, un recurso del poder para entretener a la disidencia y decidir al final lo mismo.

El paso siguiente, tras la paralización de las obras del Puerto de Granadilla por el TSJC, pasó a ser la presión sobre el estamento judicial o la superación del galimatías jurídico con que tantas veces se revisten las normas. Las élites gobernantes actuales parecen no haber asimilado el equilibrio de poderes y contrapoderes de la democracia representativa. Un ejemplo de esta manera antidemocrática del uso de las leyes es el nuevo decreto de aprobación del Catálogo de Especies Protegidas. Curiosamente, y según ATAN, Greenpeace, WWF, SEO/Bird/Life, y Ecologistas en Acción, lo que en realidad hace esta ley es desproteger a 341 de las especies reconocidas en el Decreto Legislativo 151/2001 neutralizando la decisión jurídica de paralización de las obras del Puerto, al quedar fuera parte del LIC “Sebadales del Sur de Tenerife” que incide en la misma. La proposición de ley en este sentido sería aprobada en el Parlamento de Canarias el 19 de mayo de 2010 por los grupos CC y PP y la abstención del PSOE, calificando a la seba como “especie de interés general para los ecosistemas canarios”, dejando atrás protecciones más restrictivas como los términos vulnerables o en peligro de extinción, aprobación que una vez en vigor podría desbloquear la paralización de las obras portuarias.

Paralelamente, en su Proyecto de Real Decreto para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPE) y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA), el Ministerio de Medio Ambiente del Estado español ha terminado por no contemplar una protección especial ni considerar que la Cymodocea nodosa (seba) esté en peligro de extinción. Ambas legislaciones podrían permitir a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife avanzar sin impedimentos en las obras del puerto, ya reactivadas en julio de 2010. Obras, que en el otoño de ese mismo año se encontrarían de nuevo con otra dificultad, la aparición de una serie de ejemplares del escarabajo Pimelia canariensis, un gigantesco ser pequeñito en peligro de extinción según el Catálogo de Especies Protegidas recién aprobado y del que informaba el Observatorio Ambiental de Granadilla (www.oag-fundacion.org) que coordina el ecólogo Antonio Machado.

Por fin, el 4 de febrero de 2011 el Consejo de Ministros en Madrid aprobaba definitivamente la ley estatal dejando totalmente fuera a la Cymodocea nodosa -piedra angular de las denuncias ecologistas-, por presiones sin duda económicas como manifestara Ricardo Aguilar, Director de Investigación de Océana-Europa y antiguo responsable de Greenpeace de las campañas para la salvaguarda de los cetáceos, aunque reconociendo también el avance que supone por otro lado esta ley, al incorporar al menos cinco especies de elasmobranquios (tiburones y rayas) y de la Posidonia oceánica, lo que debe considerarse un primer paso hacia la adecuada consideración de especies marinas en los listados de protección. Hasta ahora, el Catálogo solo contenía 36 especies marinas, frente a las casi 400 contenidas en los convenios internacionales de los que España es parte. Este Real Decreto parece pues haber puesto fin -a propósito del Puerto de Granadilla- al argumento ambiental con la seba como protagonista, decreto por otro lado enmarcado en el desarrollo de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Yendo al plano electoral, que no corre paralelo a las reivindicaciones sociales ni ecologistas concretas (recordemos el éxito electoral de CC tras el éxito también de la Manifestación de Vilaflor y esa ley de los efectos no deseados que decía Max Weber al estudiar sociológicamente los fenómenos sociales), no es difícil adivinar las consecuencias electorales que va a tener el conflicto sobre el Puerto de Granadilla y que ha dividido a la sociedad tinerfeña: el ascenso de los partidos más conservadores. En parte porque la sociedad va a premiar a los más estables en cuanto a su postura a favor o en contra del Macropuerto y, en parte también, porque las iniciativas a la izquierda del PSOE terminarán llevando al poder al PP, como el caso emblemático de este último en Granadilla donde sacado prácticamente de la “clandestinidad” municipal, ha sido aupado a la visibilidad y al protagonismo económico de la Institución por los partidos “Sísepuede” y CC.