El Teide, Timanfaya, la Caldera de Taburiente y Garajonay son nombres integrados en la identidad de todos los canarios, que son quienes mejor los conocen y quienes han hecho posible la conservación de la riqueza natural que guardan estos cuatro Parques Nacionales, aliados de primer orden y garantías de desarrollo sostenible. Fue sobre esta realidad, trasladable al conjunto de las zonas protegidas y reconocidas que hay en España, que el Tribunal Constitucional dictó en 2004 una sentencia en la que se declaró que la gestión de estos espacios debía traspasarse a las regiones.

Hasta entonces las competencias correspondían a una Comisión Mixta, con representanción de la Administración General del Estado y el Gobierno autonómico, una fórmula que se desecha para evitar duplicidades y favorecer una mayor operatividad y agilidad, al tiempo que reconoce y defiende la capacidad de los gobiernos territoriales. Y los mismos argumentos expresados en el auto, donde el Tribunal afirma que limita el papel del Gobierno nacional, han sido esgrimidos por los gobiernos insulares, es decir, los Cabildos para reclamar la gestión de los Parques Nacionales canarios.

La sentencia del Tribunal Constitucional abrió así otro proceso que tiene mucha razón de ser en Canarias no sólo por la discontinuidad de nuestro Archipiélago, sino también por las competencias medioambientales ya transferidas de la Comunidad Autónoma a los Cabildos, con responsabilidades por ejemplo en la protección de incendios, limpieza y cuidados de la zona periférica de las áreas protegidas. Se trata, por tanto, de apostar por una acción integral, que optimice el rendimiento y la capacidad de acción, al tiempo que evite los conflictos y las incongruencias que se presentan dentro de un espacio que debe ser tratado como un conjunto.

Debemos tener en cuenta, además, que Canarias es una de las comunidades autónomas que más retraso lleva en estas tranferencias dictaminadas en 2004, lo que también implica una demora importante en las inversiones necesarias, y se agrava al comprobar que muchas de las competencias que se han transferido están insuficientemente dotadas.

En consecuencia, resulta cuando menos contradictorio que a las justas reivindicaciones de todos los Cabildos canarios para asumir la gestión de los Parques Nacionales, el Gobierno canario responda ahora que se está en pleno proceso de preparación de una nueva estructura de gestión, que recupera el modelo mixto, aunque sustituyendo al Estado por los Cabildos.

El Ejecutivo parece no tener en cuenta los precedentes, que evidencian que los híbridos no son la mejor opción para afrontar este problema y, al asegurar que está dispuesto a negociar con las corporaciones implicadas pero queda descartada la exclusividad, obliga a las Instituciones insulares a plantearse la devolución de las transferencias que tienen en la actualidad.

La gestión ideal de los Parques Nacionales o al menos del Garajonay, que al reconocimiento nacional suma la distinción de la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, pues conserva la mejor muestra viva en nuestro Planeta de los bosques que poblaban Europa y África hace millones de años, es un mando único, que correspondiería a cabildos y ayuntamientos, opción en absoluto reñida con la Comunidad Autónoma pues, igual que sucede a nivel nacional, ésta seguiría teniendo la tutela y podría mantener la participación desde diferentes ámbitos como pueden ser el Consejo de la Red de Parques, que reúne a administraciones públicas y agentes sociales, o los Patronatos, además de la regulación de las legislaciones correspondientes.

Desde la Isla colombina trabajaremos con ahínco para cuanto antes lograr un acuerdo.