En 1739 España rompe relaciones diplomáticas con el Reino Unido. Es la llamada Guerra de la Oreja o de la Sucesión Austriaca (1739-1748), un conflicto de larga duración de graves consecuencias de todo orden en la sociedad venezolana. Una de las primeras fue la supresión del asiento británico. Su finalización se tradujo en un doble impacto en la provincia de Caracas, y en particular en Barlovento y las áreas cacaoteras. Primero dejó a la Guipuzcoana como virtual monopolista, con la excepción del registro anual de Canarias, lanzándola a intentar monopolizar el rico mercado mejicano. En consecuencia los precios cayeron desde el récord de 1735 de 18 pesos, a los 12 de 1739, los 9 de 1741 y los 5 de 1749, cuando la protesta culminó en la rebelión de Juan Francisco de León. La segunda consecuencia repercutió directamente sobre los pequeños cultivadores. Mientras que los grandes propietarios del Alto Tuy disponían ya de un número considerable de esclavos, comenzaban a incrementar su reproducción y tenían sus plantaciones a pleno rendimiento, los inmigrantes apenas habían comenzado a roturarlas en Barlovento y se les restringían las posibilidades de adquirirlos.

La mayoría de los colonizadores del Bajo Tuy y del Yaracuy eligieron el contrabando antes que aceptar la nueva situación. El comercio ilegal de cacao era una práctica tan vieja como su tráfico, pero después de 1739 era la única alternativa para la primera generación de plantadores si no querían perder sus haciendas. Una necesidad que no era tan obvia para los hacendados que podían vender directamente sus granos en el mercado novohispano. Estos estaban afectados en la medida en que sus esclavos sustraían parte de él y lo vendían furtivamente para comprar aguardiente, comida y ropas. Al no vivir en sus haciendas contrataban mayorales que en su mayoría eran pardos e incluso esclavos. Preferían servirse de agentes de la autoridad como los Tenientes de Justicia para guardar el orden. La tradición fue alterada en 1738 cuando una Real Cédula aumentó las prerrogativas del Gobernador. A partir de ella podía nombrar o cesar a los Tenientes de Justicia sin la aprobación de la Audiencia. Una prerrogativa cuyas consecuencias se vieron en 1741 en la rebelión de San Felipe a raíz del nombramiento para ese cargo de Basaba sal por el Gobernador Zuloaga, que levantó a diferentes sectores sociales de ella, encabezados por su elite rectora isleña con Bernardo Matos a la cabeza y con la activa colaboración de contrabandistas y pulperos de ese origen. La insurrección fue de tal gravedad en un conflicto bélico de tales proporciones y con la armada británica en la costa, que Zuloaga se vio obligado a pactar con la mediación del futuro Arcediano de Caracas, el palmero Bernardo Acosta Romero. Este vasco, que gobernó la provincia entre 1737 y 1747, fue un adalid de la Guipuzcoana. En 1739, cuando fue transferida a la jurisdicción del Virreinato de Nueva Granada, ejerció el privilegio de nombrar y cesar a los Tenientes debido a la distancia y la guerra con Inglaterra. La Corona, gracias a la influencia de la Compañía en el Consejo de Indias, lo reafirmó en 1742. Al año siguiente la colonia vivió un momento de extrema gravedad. Una escuadra británica al mando del almirante Charles Knowles sitió la Guaira y Puerto Cabello hostigando sus costas con promesas de liberar a los criollos de la empresa monopolista, lo que demuestra la animadversión reinante. El diario de la expedición no tiene desperdicio. Su misión era hacer saber a los habitantes del país que el inglés no venía a despojarlos de sus derechos, religión o libertades, sino que recibirían de nosotros una mayor seguridad y más felicidad que bajo la tiranía y crueldad de la Compañía Guía pesco (sic), de la que los veníamos a libertar. En virtud de estas órdenes, nosotros deberíamos tomar como botín cualquier cosa que en tierra o mar perteneciese a la mencionada Compañía¹. El encono contra Zuloaga y la Guipuzcoana estaba presente en tales sucesos hasta el punto que años después León recordaría su huida de La Guaira y la defensa del puerto por los vecinos y patricios de la tierra al mando del jefe de la fortaleza Mateo Gual y de las milicias capitaneadas por los isleños Domingo Francisco Velázquez y José Hernández Sanabria. Por contra resultó el título de Excelentísimo a dicho Gabriel de Zuloaga, sin haberlo merecido². Igual incuria se aprecia en la defensa de Puerto Cabello por las de Aragua, silenciada para proporcionarle todas las glorias y prorrogarle, como recoge Terrero, cinco años de gobierno y el grado de Teniente General, mientras que quienes estaban a su frente, los hermanos Gaspar y José Lorenzo de Córdoba, promotores en 1749 de la rebelión, se les prepara de aquí a breve tiempo, en una ignominiosa prisión, el premio y el honor que se merecían de tan celebrada victoria³. La enemistad entre vascos e isleños hace correr rumores sobre la dudosa fidelidad de éstos, como se desliza en un poema épico impreso en México en 1743 por el vasco Francisco de Echavarri y Ugarte, Oidor de su Audiencia, cuyo objetivo era exaltar las glorias de Zuloaga y Cantabria. En una de sus octavas reales se menciona un papel de Knowles dirigido a los isleños defensores de Puerto Cabello incitándoles a la rebelión contra la opresión vizcaína⁴.

Las Gobernaciones de Zuloaga y castellano trataron de restringir la migración canaria. El primero en 1740 llegó a plantear la obligatoriedad del permiso de la Casa de Contratación para su traslado, negando la validez del Juez de Indias de Canarias. Una causa que sostuvo al respecto con todo su empeño fue la del médico Carlos Alfonso Barrios, al que quería expulsar por carecer del primero de los permisos. Castellanos, un año antes de la rebelión, propuso al Consejo de Indias la prohibición total del embarque de familias isleñas y la limitación de su permiso exclusivamente a la Casa de Contratación. Para él los registros de esas Islas se debían ceñir a no consentir más gente que la precisa de la tripulación y que no permitáis que se embarquen, como acontece muchos vecinos de esas islas con varios pretextos muy frívolos y sin licencia del Tribunal de la Casa de Contratación. Entendía que era imposible restituirlos por los embarazos y dificultades que le surgen. Constata el hecho que apenas vuelve la tercera parte, porque los demás se esparcen en la misma provincia, en la cual, aunque algunos se aplican a cultivar las tierras, los más se emplean en comerciar ilícitamente, de tal suerte que raro es el comiso en el que no resulte reo algún isleño. Sin embargo, el Consejo de Indias se limitó a reiterar el cumplimiento de la ley al Juez de Indias de Canarias⁵.

Los elevados poderes depositados en los Gobernadores llegaron a convertirse en catalizadores de la rebelión de 1749. Los colonos sospechan que la Justicia Real estaba siendo subvertida para que los barcos de la Compañía llevasen cargas de cacao a precios sumamente bajos. Cuando en 1745 su degradación llegó a su punto culminante, Zuloaga creía que se estaba originando una conspiración para provocar la expulsión de esa empresa inspirada por el Conde de San Javier aliado con los isleños. No es nuestra intención abordar en toda su profundidad la rebelión que ya ha sido estudiada con exhaustividad por otros autores⁶; nuestro objetivo es traslucir las consecuencias que para la migración se derivaron de su trasfondo socio-político. En primer lugar conviene señalar que los motivos de la marcha sobre Caracas tienen pocas vinculaciones con las protestas de las elites criollas. Se precipitó por la decisión del Gobernador Castellanos de enviar como Teniente Justicia Mayor de Panaquire y Caucagua en Barlovento, a requerimientos del Factor de la Compañía, de un empleado de ésta, Martín de Echevarría, deponiendo al herreño Juan Francisco de León. Era el punto culminante de una ofensiva contra la expansión isleña en la región. No aceptan estar bajo las órdenes de un teniente ni unos soldados vizcaínos. Debemos de tener en cuenta que los plantadores de primera generación vivían del comercio ilegal por los bajos precios de la Compañía, especialmente desde que el Gobernador Lardizábal, en aquel momento miembro del Consejo de Indias, ordenase en 1735 la prohibición de transportarlo desde Barlovento por mar a La Guaira, lo que suponía unos costes considerables por tierra y la imposibilidad de efectuarlo en la estación lluviosa.

En 1749 cuatro barcos de la Compañía llegaron a España con más de 22.000 fanegas de cacao. Buena parte de él se hallaba ya almacenado en La Guaira cuando los problemas arreciaron. Era una situación que La Corona no podía permitir, máxime después de que recibieran informes de un agente real en Holanda que probaban la evidencia de que el contrabando entre Caracas y Curaçao había crecido espectacularmente y superado a la Guipuzcoana como principal importador. La simple lectura de las cifras nos permite apreciar esa profunda inversión⁷:

AÑOS        Nueva España       Curaco               Total

1720- 1729       181.869            26.760 116.869       325.498
1730-1740         195.566           239.278 42.356        477.200
1741-1751         193.090           179.482 244.024      616.596

En una década el contrabando pasó de ser sólo un 9'1 a un 39'9% de las exportaciones de cacao venezolano. Es este el quid de la cuestión. Barlovento pudo dar salida a su espectacular crecimiento productivo a través del tráfico clandestino al prohibírsele desde 1735 sus comunicaciones marítimas y acentuarse la presión sobre sus cultivadores a través de una bajada considerable en sus precios.

La rebelión encabezada por Juan Francisco de León puede caracterizarse como un movimiento de protesta abanderado por los pequeños cultivadores isleños de Barlovento, que apenas habían comenzado la roturación de sus tierras y sus plantaciones con un reducido número de esclavos que se sentían víctimas de las restricciones y limitaciones impuestas para dar salida a sus producciones, y de la política hostil de la Gobernación contra sus fundaciones. Vieron en la deposición de León por Martín de Echevarría un claro intento de control del contrabando que había sido la única posibilidad rentable que tenían. El 19 de abril de 1749 el gobernador Castellanos recibe un manifiesto de León en que protesta por el control gubernativo de los vascos. Termina diciendo que en toda la provincia no ha de quedar de esta raza persona alguna. Le recibe, trata de contemporizar con él, reniega de las decisiones de un cabildo extraordinario en el que promete indultar a los alzados y suprimir la Compañía y huye a La Guaira. El 10 de mayo León remite un memorial al Rey, explicando la situación. A comienzos de agosto sitia La Guaira. Logra que Castellanos y la compañía suspendan sus actividades, por lo que regresa a Caracas. La llegada de un nuevo Gobernador, Julián de Arriaga, el 28 de noviembre se traduce en un período de espera, durante el que el ministro Ensenada, tras reunir los informes necesarios, prepara el empleo de la fuerza militar. En ese interregno, el gobernador se enfrenta a un nuevo motín ante los rumores de reimplantación de la Compañía. Se elige a Felipe Ricardos para proceder a la represión. Llega a la Guaira el 21 de mayo de 1751 con 600 hombres de infantería. Sus órdenes son detener a los dirigentes de la rebelión, restaurar la Compañía y crear una junta para fijar los precios del cacao. Una nueva revuelta es reprimida. León huye y se entrega sin esperanzas a principios de 1752. Entre los detenidos, el isleño Andrés Rodríguez Betancourt fue pasado por las armas, y el mulato Juan Muchingo y el zambo Raimundo Romero ahorcados. El 5 de febrero su casa es arrasada y sembrado su solar de sal, se le incautan sus propiedades y se le remite con sus hijos y otros cabecillas a España donde fallece. Una afrenta que perpetuaba su vilipendio sólo levantada en 1811 por el diputado de obras públicas, el santacrucero Rodulfo Vasallo.

Acción de la Compañía Guipuzcoana (Foto: Venciclopedia.com)

Mucho se ha escrito sobre el alcance y planteamientos políticos de la rebelión de 1749. No cabe duda de que no fue un movimiento insurreccional contra la Monarquía, sino que obedecía al propósito de destruir el monopolio de la Guipuzcoana y la hegemonía vasca en la Provincia. Aunque contara con mayores o menores simpatías entre la elite criolla, fue esencialmente un movimiento capitaneado por los pequeños cultivadores, aquéllos que más perjudicados habían sido por su política y que veían en ella la negación de su supervivencia como hacendados. Debemos de tener en cuenta este hecho, porque si no entenderíamos el porqué de que un sector isleño ligado por intereses mercantiles a la Compañía le prestó a ésta un apoyo incondicional. Entre ellos podemos citar al comerciante palmero Francisco Smalley, al Contador de la Real Hacienda el lagunero Lorenzo Rosell de Lugo y al dueño de recuas de mulas y mercader el icodense Juan Martín de Alayón. Buena parte de los mercaderes isleños tuvieron estrechas relaciones con la empresa monopolista, como era el caso de los Núñez de Aguiar, los Mora, los Rodríguez Camejo o los López Méndez, unidos por lazos de consanguinidad. A tal grado llegó que no puede resultar sorprendente que María Josefa Mora, hija de los buenavisteros Juan José Mora e Isabel García y hermana del regidor perpetuo José Hilario Mora, fuese la mujer del célebre Martín de Echevarría y del comerciante vasco Juan José Echenique; ni que los mayores propietarios de Panaquire, los laguneros Juan Rodríguez Camejo y Clara González Tejera, mantuvieran activos negocios con Echevarría y la Guipuzcoana y que su nieta y heredera María de la Encarnación contrajera nupcias con el capitán vasco Fermín de Echevarría. Ni que Antonio Díaz Padrón, mercader cabecilla de la rebelión, y después traidor y perseguidor de León, fuera premiado con el Tenientazgo de Guarenas y con el grado de capitán, y que sus hijas enlazasen los oligarcas granadilleros Paz Castillo.

Los informes de Arriaga a Ensenada de 1750 mostraban al Consejo que los rebeldes no habían puesto en cuestión la soberanía real y que no había pruebas de la participación directa de la elite. Según él, le di general abierto apoyo en todo hombre vago y en la mayor parte de los isleños el común odio a la Compañía. La culpabilidad la tiene el amor a la libertad del ilícito trato, que fomentaba el hecho de que la provincia está inundada de gente vaga, no sólo de todos isleño que a la labor del campo no se aplica, pero de muchos mestizos, zambos y españoles. Son esa gente que no tiene tratos con la Compañía y que vive del contrabando la que levanta la voz contra los vizcaínos y no la gente principal⁸. Precisaba que muchas de las peticiones estaban justificadas. Mostró cómo la Compañía abusaba de los precios y en su insistencia en el derecho de alternativa, por el cual el segundo barco fletado en la Guaira tendría que ser para ella, lo que deparó negativos resultados para el comercio del cacao. Los barcos de los particulares eran embarcados con más prontitud, por lo que esperaba a que angustiados vendedores se vieran obligados a cederlo a bajo precio. Sin embargo se favoreció una política comercial conservadora y se argüía la vuelta al tradicional sistema de flotas, y no se reanudó el asiento británico tras la paz de 1748. Las consecuencias sobre el tráfico esclavista fueron drásticas. Mientras que en 1739, su último año de vigencia fueron vendidos 200, su supresión se tradujo en la dependencia de los esclavos nacidos en la colonia, y cuando éstos eran insuficientes del trabajo libre. Entre 1739 y 1784 sólo fueron vendidos legalmente 350⁹.

Con las deliberaciones del Consejo de Indias en 1750 quedaba demostrado que en la Provincia había abundancia e incluso exceso de canarios, un pueblo a menudo visto como litigioso y descuidado según la visión derivada de los distorsionados filtros de los perjuicios étnicos comunes a muchos peninsulares¹⁰. Una de sus directrices aprobadas fue la del cierre de la migración de familias a Venezuela, si bien no se prohibía su navío de registro. Sólo se permitirían cargadores¹¹. Los protocolos canarios nos permiten apreciar la efectividad de tales medidas. Sólo en el año de 1757 con el Bien Común se puso en práctica, volviendo a la normalidad en los siguientes. Para saltarse la prohibición se inscribían como cargadores, firmando un documento en el que se hacía constar quiénes eran los verdaderos dueños de los cargamentos¹². Ferry estima que, aunque no fue un objetivo de la política diseñada en 1750, Ensenada creía que cualquier reducción de esclavos derivada del fin del asiento sería sustituida por los trabajadores libres, especialmente por los isleños. Se obtendría de esa forma un doble efecto; por un lado se finalizaba la dependencia del comercio inglés, y por otro se daba empleo a esa abundante inmigración¹³.

Consciente o inconscientemente los pequeños plantadores isleños percibían que los cambios a la larga les abocarían a convertirse en asalariados de la elite caraqueña y les obligaría a abandonar su sueño de convertirse en hacendados. Nicolás de León había precisado en Caucagua en 1751 que nos toca la obligación de defender nuestra patria, porque si no la defendemos seremos esclavos”¹⁴. Algunos de los postulados de Ensenada parecían recomendar la política de clemencia de Arraiga, pero al final la que se ejerció fue la de la fuerza. Eslava, antiguo Virrey de Nueva Granada, creía demostrada la no identidad de intereses entre los mantuanos y las clases bajas isleñas, por lo que la lealtad de las elites estaba garantizada. Por ello la Compañía debería cambiar de nombre, llamarse de Caracas e integrar a los hacendados, a imagen y semejanza de la habanera. Álvarez de Abreu exigía medidas enérgicas, porque ninguna insurrección había sido pacificada por medios suaves. La sal sobre la casa de León mostraba su diabólica maldad. La cabeza de un mulato, un zambo y un isleño en su puerta era expresiva de su desobediencia ante el Rey. Para los pequeños plantadores canarios y los blancos pobres, la consecuencia racial del error de León era haber puesto en duda su autoridad sobre los negros¹⁵. Su más significativo resultado fue el haber establecido con claridad los límites entre los mantuanos y los pequeños plantadores. Se había frustrado su sueño de convertirse en hacendados. Eran conscientes de que las elites abandonaron el movimiento cuando vieron que era más que una demostración de descontento. La represión de Ricardos se centró sobre las clases bajas. Se pudo ver cómo las familias ricas de Caracas establecieron un modo de vida que les mantuvo dentro de su status y riqueza. Al mismo tiempo los estratos intermedios vieron que el declinar de su estilo de vida les llevaba a elegir entre ser vagabundos o trabajar como asalariados en las haciendas de otros. Aquéllos cuya situación era similar a la de León antes de 1749 miraron a las elites con resentimiento e ira en las décadas subsiguientes. La grieta fue permanente, como pudo reflejar la actitud de los isleños de clases bajas y el proletariado rural en 1810.

Compañía La Guipuzcoana en La Guaira (Foto: Wikipedia)

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1. Diario de la expedición a La Guaira y Puerto Cabello bajo el mando del Comodoro Knowles. Londres, 1744. Ed. de Hernando C. Sanabria. Caracas, 1967. p. 8.

2. PARRA MÁRQUEZ, H. El doctor Don Tomás Hernández de Sanabria. Caracas, 1970. pp. 18-19.

3. TERRERO, B.J. Teatro de Venezuela y Caracas. Caracas, 1926. pp. 153-154.

4. El texto dice así: “Es posible, les dice, que consienta /Nobles Isleños, vuestra Hidalga Cuna/ que esa Gente de honores avarienta/ De vuestro afán fabrique su fortuna?/ Podrá acaso borrar tan torpe afrenta / como es la esclavitud ganancia alguna?/ O¡ antes creemos que el Cielo compasivo / vuestra causa ha tomado en nuestro arribo”. Reproducida en PÁEZ PUMAR, M. Orígenes de la Poesía colonial venezolana. Caracas, 1979. p. 201.

5. A.G.I., S.D. 730 y 691.

6. MORALES PADRÓN, F. Rebelión contra la Compañía de Caracas. Sevilla, 1955. CASTILLO LARA, L.G. La aventura fundacional de los isleños. Panaquire y Juan Francisco de León. Caracas, 1983. Incluso se dio a luz impresa una relación protocolizada de los hechos: Juan Francisco de León. Diario de una insurgencia. Ed. de Armas Chitty, J.A. y Pinto, M. Caracas, 1971.

7. AZPURÚA, R. Op. Cit. p. 326.

8. A.G.I. C, Leg. 419.

9. FERRY, R.F. Op. Cit. pp. 157-158.

10. Op. Cit. p.159.

11. RAMOS, D. Estudios de historia venezolana. Caracas, 1976. p. 663.

12. Hemos localizado documentos de esa naturaleza para los siguientes emigrantes: Manuel y José Vicente Rodríguez Aguiar, de Los Silos, Diego José Gómez, del Realejo de Arriba, y Juan Díaz y Juan Delgado de La Laguna. A.H.P.T. Legs. 1116 y 739.

13. FERRY, R.F. Op. Cit. p. 159.

14. Documentos relativos a la insurrección de Juan Francisco de León. Buenos Aires, 1949. p. 87.

15. FERRY, R.F. Op. Cit. p. 174.