Los tres ponentes, que estarán acompañados también por otros representantes de diversos colectivos ciudadanos de la isla de Tenerife, analizarán la situación actual del movimiento vecinal, el proceso que se ha vivido desde su surgimiento con la transición democrática, el papel que ha jugado en el desarrollo de la sociedad el grado de participación de los vecinos en los asuntos que les conciernen como colectivo; la instrumentalización que ha sufrido el movimiento vecinal en muchos lugares bajo intereses partidistas; los obstáculos de tipo legislativo que se han introducido cara a difucultar la verdadera participación vecinal en los Plenos de los Ayuntamientos...

En la democracia española no hay tradición de participación ciudadana directa, pese a que el artículo 23 de la Constitución indica: "Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal".

El movimiento vecinal se enfrenta a problemas directa o indirectamente generados por los Planes de Ordenación o por actuaciones urbanísticas de los ayuntamientos, tal es el caso de El Centenero, San Lázaro, El Sobradillo, Candelaria, Valleseco, El Toscal, Ofra, Las Cabritas... De ahí la necesidad de debatir sobre el concepto de participación ciudadana en la vida pública, y de encontrar el espacio amparado por la Constitución Española, donde la voz de los ciudadanos pueda ser escuchada directamente por la Administración.

Los líderes vecinales vienen reclamando en los últimos tiempos que las grandes sumas de dinero que el Gobierno Canario y el Central prevén invertir en infraestructuras viarias, portuarias o aeroportuarias se destinen a necesidades básicas: sanidad, educación y servicios sociales (atención a personas mayores, a menores, discapacitados, etc.). Los vecinos se oponen al Plan de Carreteras del Área Metropolitana (con la Vía Exterior como obra más avanzada), al Puerto Industrial de Granadilla y distintos planes urbanísticos de los ayuntamientos de La Laguna y Santa Cruz, como el Plan Especial de la Vega Lagunera o el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz.

Nuestra sociedad observa con preocupación el modelo económico canario, el preocupante ritmo de crecimiento poblacional, la degradación galopante del medio ambiente, el progresivo abandono del sector agrario y pesquero, un planeamiento urbanístico basado en un crecimiento desmedido, las elevadas cifras del paro, más de un 20% de la población de las islas situada en el umbral de la pobreza, las carencias en servicios públicos básicos como la sanidad, la educación, los transportes...

Una situación esta agudizada en los últimos tiempos por los alarmantes casos de corrupción generados en el seno de algunas Administraciones Públicas, el contraste que suponen proyectos de gran envergadura relacionados la construcción de ambiciosas infraestructuras. Proyectos impulsados por las Administraciones públicas canarias y animados por un sector del empresariado, que numerosos expertos y muchos ciudadanos rechazan por insostenibles. El máximo de los ejemplos: el recientemente presentado "Eje Transinsular de Infraestructuras del Transporte".